En nuestro país, la seguridad pública se ha convertido en una prioridad para la ciudadanía. Dentro de ese contexto, la creación del Ministerio de Seguridad Pública representa un avance significativo en el fortalecimiento institucional para enfrentar el crimen organizado y la violencia con que se expresan los delitos en el actual contexto. Esto es especialmente importante porque con seguridad el Estado puede garantizar otros derechos fundamentales como la educación, el trabajo o la salud.

Esta nueva institucionalidad es la respuesta a la necesidad de contar con una entidad especializada y moderna que se encargue exclusivamente de la prevención, el resguardo, mantención y promoción de la seguridad y el orden público, estableciendo una estructura que permita abordar los nuevos desafíos de manera profesional y técnica.

Esta especialización garantizará mayor eficacia y que las políticas públicas respondan a la complejidad de fenómenos como el narcotráfico, el crimen organizado y otros delitos que afectan directamente los distintos territorios.

Lamentablemente, durante este proceso vimos la paradoja en la postura del Partido Republicano y parte de Chile Vamos, que mientras clamaban por más recursos en seguridad, votaron en contra de la reforma tributaria y ahora votaron en contra del Ministerio de Seguridad Pública. Esto evidencia la incoherencia entre su discurso y sus acciones, y desconoce que el rol del Estado es ser garante de la seguridad de las personas y que para eso debe ser fuerte, robusto.

Creemos que este avance no puede ser aislado. La lucha contra el crimen organizado requiere un enfoque integral que contemple herramientas innovadoras como el Subsistema de Inteligencia Económica, diseñado para atacar las estructuras financieras de actividades ilícitas. Con la implementación de unidades de inteligencia en organismos clave como el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas, se ampliará la capacidad del Estado para investigar y desmantelar redes criminales que operan en la sombra de la economía formal.

Estas herramientas de inteligencia económica, a la vez, permitirán una vigilancia más efectiva de actividades relacionadas con delitos económicos, tráfico de drogas, entre otras, complementando las funciones del nuevo ministerio.

La creación del Ministerio de Seguridad Pública reafirma el compromiso del gobierno con la protección de la ciudadanía y representa un avance significativo hacia una institucionalidad que no solo reacciona, sino que previene y ataca de raíz las amenazas que enfrentamos como sociedad. El desafío ahora es garantizar que la implementación de este nuevo ministerio se haga prontamente, con todas sus capacidades instaladas durante este gobierno.

Este ministerio, que ha sido fruto de un debate serio tras casi dos décadas de discusión, viene a hacerse cargo de un anhelo muy sentido de las clases populares, que demandan un Estado que garantice la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, sus familias, niños y niñas, porque todos merecemos seguridad para vivir y dignidad para trabajar.