Hace algunos días ya se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha particular pero que busca recordarnos algo constante, que la lucha contra la violencia de género es, ante todo, una lucha por la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Asimismo, enfatiza que erradicar estas violencias es una tarea colectiva que involucra a todas, todes y todos.

A pesar de los avances logrados en las últimas décadas para visibilizar y sancionar muchas de estas formas de violencia, la prevención sigue siendo un desafío fundamental, especialmente en espacios formativos y de desarrollo social, como las universidades.

Las instituciones de educación superior, como lugares de conocimiento, innovación y crecimiento, tienen un rol fundamental en la erradicación de la violencia de género. No solo deben garantizar espacios seguros para toda la comunidad universitaria, sino también promover una cultura de respeto e igualdad en todas sus actividades y prácticas.

En este sentido, el impulso que se ha brindado a través de la dictación y entrada en vigencia de la ley 21.369, es sin duda un piso mínimo fundamental para generar diagnósticos en percepción de violencias situados a la realidad de los estamentos y territorios, que a través de sus hallazgos, entregan información que sirve de base para la generación de estrategias focalizadas en el área de prevención de violencias, permitiendo implementar herramientas ad hoc a las necesidades específicas de la comunidad universitaria.

A su vez esta normativa en conjunto con la ley 21.643 refuerza la necesidad de capacitar en prevención de violencias de género a todas las trabajadoras y trabajadores de las casas de estudios, cuestión que es de suma relevancia porque propicia un cambio cultural integral, dado que incluye transversalmente todas las áreas del quehacer universitario, esto es: a personas que trabajan en áreas de atención directa con el estudiantado, con personal docente y no docente, donde el buen trato es la base para una buena comunicación y asesoría.

Incluye también áreas de análisis de datos, donde la perspectiva de género es crucial para monitorear las brechas de género al interior de las instituciones, el área de comunicaciones, donde día a día se desarrolla un trabajo medular puesto que incluye público objetivo interno y externo, siendo su mensaje y forma de entregar información un sello de lo que la propia institución es.

Y por supuesto, esta necesidad de capacitación y formación incluye el área de docencia, el cimiento estructural de las casas de estudios, lo que tiene como correlato, la revisión de nuestras mallas curriculares, en donde se pueden y deben incorporar estas perspectivas para que los y las futuras profesionales tengan incluida estas herramientas desde su formación de pregrado, convirtiéndoles en profesionales integrales para la comunidad en colectivo.

Claro está, que esta labor no puede limitarse al ámbito administrativo ni al cumplimiento de normativas. Es necesario un compromiso profundo y transversal de toda la comunidad universitaria, ya que en estos espacios de aprendizaje se deben sentar las bases para una convivencia libre de violencia.

Este compromiso requiere una visión de largo plazo y territorial que reconozca las particularidades de cada contexto, pues las formas de violencia no son homogéneas en todas las comunidades. Por ello, un enfoque territorial resulta esencial para diseñar políticas y estrategias adaptadas y efectivas.

Es necesario reflexionar sobre la urgencia de implementar y fortalecer estos mecanismos, algo clave para construir universidades donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente, sin miedo y en igualdad de condiciones.