La decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar la gratuidad universitaria para estudiantes extranjeros no residentes ha generado un fuerte debate en Argentina.

Esta medida, que según el Ejecutivo busca proteger las fronteras y optimizar el uso de los recursos públicos, implica un cambio radical en el modelo de educación superior del país, que históricamente ha sido un referente en América Latina por su gratuidad y acceso universal.

Una tradición educativa en riesgo

Desde 1949, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón instauró la gratuidad universitaria, Argentina ha sido un ejemplo de democratización educativa en la región.

Este sistema permitió que estudiantes de todas las clases sociales accedieran a la educación superior, fomentando el desarrollo de una sociedad más equitativa.

La apertura no solo benefició a los argentinos, sino también a miles de estudiantes extranjeros que veían en el sistema público argentino una oportunidad única para su formación profesional.

En la actualidad, solo el 4% de los estudiantes en universidades públicas argentinas son extranjeros, según datos de 2022.

Sin embargo, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, justificó la medida afirmando que “uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero” y que esta situación representa una carga financiera para el sistema educativo.

Además, aseguró que esta decisión se traducirá en una nueva fuente de financiamiento para las universidades, aunque muchos rectores universitarios y expertos consideran que esta medida tiene más un trasfondo ideológico que práctico.

Impacto en los estudiantes y en el sistema universitario

La implementación de esta medida no es clara, ya que actualmente para estudiar en una universidad pública en Argentina es obligatorio contar con residencia y, por ende, un documento nacional de identidad (DNI).

La confusión sobre quiénes serán afectados ha generado incertidumbre tanto entre los estudiantes como en las instituciones educativas.

Rectores como Franco Bartolacci, de la Universidad Nacional de Rosario, han señalado la falta de precisión en el anuncio del gobierno.

Según Bartolacci, para llevar adelante esta medida sería necesario modificar no solo la ley migratoria, sino también la Ley de Educación Superior.

“Una medida de esta naturaleza no soluciona el problema del financiamiento universitario”, afirmó, destacando que el porcentaje de estudiantes extranjeros es ínfimo en comparación con el total de matriculados.

Por otro lado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a través de su presidente Víctor Moriñigo, calificó la propuesta como un ejemplo de “desconocimiento del tema” por parte del Ejecutivo.

Además, advirtió que el cobro de aranceles a extranjeros no residentes podría ir en contra de principios constitucionales y tratados internacionales que garantizan el acceso igualitario a la educación.

Una medida con tintes xenófobos

La medida también afecta al sistema de salud pública, donde se propone cobrar por los servicios a extranjeros no residentes.

Según Adorni, esto pondría fin a los “tours sanitarios”, una frase que muchos calificaron como discriminatoria y xenófoba.

Desde sectores académicos y de derechos humanos han señalado que estas políticas buscan estigmatizar a los migrantes y desviar la atención de los problemas estructurales del país.

Pablo Ceriani Cernadas, del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, describió la iniciativa como una “clásica medida populista xenófoba: inconstitucional, discriminatoria e ignorante de la realidad”.

Estas críticas reflejan un creciente rechazo no solo en el ámbito académico, sino también en organizaciones internacionales que observan con preocupación el impacto de estas decisiones en la reputación de Argentina como un país abierto y solidario.

El futuro de la educación pública

La eliminación de la gratuidad para estudiantes extranjeros no residentes marca un punto de inflexión en la historia de la educación argentina.

Lo que alguna vez fue un ejemplo de inclusión y democratización, ahora enfrenta un retroceso que podría afectar no solo a los estudiantes internacionales, sino también al prestigio de las universidades públicas en el escenario global.

A pesar de las críticas y la incertidumbre, el gobierno de Javier Milei se mantiene firme en su decisión.

“Se va a hacer, la gente lo apoya. El que quiera frenarlo tendrá que explicárselo”, declaró una fuente oficial al diario Clarín.

Sin embargo, el descontento generalizado en las universidades y en la sociedad civil deja claro que esta medida no pasará desapercibida y que podría convertirse en un nuevo foco de resistencia al gobierno libertario.

El legado de la gratuidad universitaria, que durante décadas fue un motivo de orgullo para Argentina, ahora pende de un hilo.

Y aunque los defensores de esta tradición histórica luchan por mantenerla, el futuro parece incierto bajo una administración que prioriza los ajustes económicos sobre los derechos fundamentales.