Hoy, domingo, la respuesta al VIH buscará esos intersticios de la agenda comunicacional, tan noticiosa y tan sorpresiva desde hace un año y medio hasta nuestros días, para hacerse oír, para volver a recordar que tenemos una meta a alcanzar al 2030.

Hay buenas noticias que comunicar. El reciente Informe del Programa de Naciones Unidas sobre el SIDA -ONUSIDA- con motivo del Día Mundial del SIDA, que se conmemora cada 01 de diciembre, revela que: “en 2023, menos personas contrajeron el VIH que en ningún momento desde finales de la década de 1980” (UNAIDS, Take the rights path to end AIDS. World AIDS Day Report 2024, Ginebra).

Este avance va de la mano del acceso a tratamiento antirretroviral: 31 millones de personas recibían TARV al 2023, lo que ha permitido reducir el número de muertes relacionadas con el sida a su nivel más bajo desde 2004.

Aunque, a este ritmo de avances, no lograremos alcanzar la meta de terminar con el SIDA como amenaza a la salud pública al 2030, como lo comprometieron los gobiernos y las agencias de cooperación internacional junto a las organizaciones de la sociedad civil.

El Informe demuestra que el respeto a los derechos humanos es esencial para acabar con el SIDA. Las evidencias muestran “el impacto de las violaciones de los derechos humanos en el progreso de la lucha contra el VIH”.

Y reconoce en la sociedad civil el papel preponderante que ha jugado en su demanda por el acceso universal a tratamiento antirretroviral y elementos de prevención, la eliminación de las leyes punitivas dirigidas a personas que viven con VIH y a las personas que integran grupos de población claves (hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres y niñas, personas trans, personas privadas de la libertad y personas usuarias de drogas inyectables).

Situación en Chile

De acuerdo a datos entregados por el Ministerio de Salud, en nuestro país tendríamos un estimado de 91 mil personas viviendo con VIH, de las cuales 89 mil personas ya conocen su estatus de VIH, es decir un 96% del total de personas con VIH. Un gran logro que ha sido posible gracias a un proceso de ampliar la posibilidad de diagnóstico, principalmente por la autorización de test rápidos de VIH en el sistema de atención pública como en las organizaciones de la sociedad civil y campañas de testeo en espacios abiertos.

La deuda se encuentra en el segundo pilar de las metas al 2030. Sólo 64 mil personas de las diagnosticada por VIH se encuentran en tratamiento antirretroviral. La brecha a trabajar es poder vincular prontamente a las personas diagnosticadas con los Programas de VIH y empezar los tratamientos adecuados. Para esto se requiere agilizar los procesos administrativos en los Programas de VIH en los hospitales.

El tercer pilar revela que la adherencia al TARV es alta, ya que más de 60 mil personas que se encuentran en tratamiento antirretroviral están con carga viral suprimida, es decir, no transmiten el VIH en una relación no protegida.

Según el Instituto de Salud Pública (ISP), el primer semestre del 2024, los casos nuevos por infección de VIH han disminuido con relación a los años anteriores, lo que permite augurar que la epidemia del VIH va siendo controlada en nuestro país.

Frente a los discursos fatalistas de una epidemia “sin control” que escuchamos en los años de los mayores aumentos en las nuevas infecciones (2018), postulé que no eran reales, que eran circunstanciales por el arribo de personas extranjeras que conocían su situación de VIH y que venían en búsqueda de tratamientos; que el diagnóstico temprano y la rápida vinculación con el sistema de salud era una medida eficaz para el control del VIH y que se debía expandir el acceso a diagnóstico utilizando todas las tecnologías disponibles y certificadas.

Seis años después del peak de nuevas infecciones, vemos que la epidemia del VIH ya no es tema en la agenda comunicacional; aunque queden brechas que deben ser abordadas de manera integral.