Un ciudadano venezolano enfrentaba la posibilidad de ser expulsado de Chile y no poder regresar durante 25 años debido a un antecedente penal en su país de origen.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, esta decisión, tomada por el Servicio Nacional de Migraciones, no solo afectaba su vida, sino también la de su familia: su esposa, quien tiene residencia definitiva, y su hijo chileno.

Con esta medida, el hombre debía abandonar el país, dejando atrás su hogar y su arraigo familiar.

La situación cambió cuando su defensa presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema. El tribunal, en una votación dividida, decidió anular la orden de expulsión y la prohibición de ingreso, argumentando que la medida fue arbitraria e injusta.

Según el fallo, el Servicio Nacional de Migraciones no consideró adecuadamente las circunstancias personales del ciudadano ni el impacto que tendría en su familia.

La Corte señaló que el antecedente penal utilizado como motivo para rechazar la residencia definitiva databa del año 2010 y que, desde entonces, el hombre no había cometido ningún otro delito.

Además, destacó que su arraigo familiar en Chile es evidente, pues vive con su esposa y su hijo, quienes dependen de él.

La decisión del tribunal ordenó que el ciudadano venezolano reciba un plazo de 60 días para presentar nuevos documentos que respalden su solicitud de residencia definitiva.

Durante ese tiempo, las autoridades deberán reevaluar su caso de manera justa y tomando en cuenta su contexto familiar.

Esta resolución revocó la decisión previa de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que había rechazado el recurso de amparo.

Aunque dos integrantes de la Corte Suprema manifestaron su desacuerdo con la decisión, la mayoría determinó que los derechos del ciudadano y su familia debían prevalecer frente a la medida impuesta por Migraciones.