Hace más de 25 años, un hombre fue notificado por la Tesorería General de la República de una millonaria deuda tributaria.

Sin embargo, y como se puede apreciar en el fallo judicial, desde 1998 no hubo ninguna acción concreta para cobrar el dinero.

Mientras tanto, la deuda seguía acumulando intereses y multas, hasta alcanzar la cifra de más de $264 millones.

Cansado de esta situación, este hombre decidió acudir a la justicia en 2023 para que se declarara que estas deudas ya no podían ser cobradas debido al tiempo transcurrido.

El caso llegó primero al 11º Juzgado Civil de Santiago, donde este hombre argumentó que la Tesorería había abandonado el proceso de cobro por más de dos décadas.

Aunque se intentó cobrar la deuda en un inicio, desde la última notificación en 1998 no se realizaron más gestiones.

Según las leyes vigentes, si el Estado no toma medidas dentro de ciertos plazos, las deudas pueden considerarse prescritas, es decir, ya no pueden cobrarse.

En mayo de 2024, el tribunal falló a favor de este hombre, declarando que la deuda estaba prescrita y ordenando a la Tesorería eliminarla de su cuenta tributaria.

Además, el tribunal condenó al Fisco a pagar las costas del juicio por su falta de diligencia. Este fallo fue apelado por la Tesorería, pero la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión en noviembre del mismo año.

El fallo dejó claro que el Estado no puede mantener deudas de forma indefinida sin realizar acciones concretas para cobrarlas.

Según la Corte, la inactividad de la Tesorería durante 25 años mostró una falta de responsabilidad en el manejo del caso y violó los plazos legales para ejercer acciones de cobro.