En medio de la controversia que ha causado la forma en que se manejó la denuncia contra el Presidente Gabriel Boric y las críticas al diseño comunicacional de La Moneda el exsubsecretario del Interior, Guillermo Pickering, analiza el la estrategia que ha desplegado el gobierno frente a acusaciones que considera parte de una "operación política". Además, advierte sobre los riesgos de limitar los gastos reservados de la subsecretaria del Interior en plena lucha contra el crimen organizado en el contexto de la tramitación de la Ley de Presupuesto 2025.

-¿Cómo evalúa que se haya dado a conocer esta denuncia dado el contexto con el caso Monsalve y cómo evalúa el despliegue de La Moneda para darla a conocer?

La denuncia que se presentó contra el Presidente de la República es manifiestamente falsa e injuriosa, como lo demuestran todos los antecedentes publicados. Es probable que sea parte de una operación que solo busca crear una sensación de ingobernabilidad. Por ello es que, junto a las declaraciones de los abogados del Presidente, que son parte del aspecto legal de la investigación que está a cargo del Ministerio Público, la Secretaría General de Gobierno ha salido públicamente a refutar la denuncia. El gobierno tiene derecho a defenderse de acusaciones manifiestamente falsas e injuriosas.

-¿Cree que esta actuación del gobierno se da por un mal precedente de cómo se manejó el caso Monsalve? 

Si el gobierno no se hubiera defendido y los abogados del Presidente no hubieran entregado al Ministerio Público los correos, estaríamos en una situación en que todo el mundo estaría dudando. Por eso que esto no es un tema meramente personal, es un tema de interés público. Ningún gobierno en la Concertación o en la Nueva Mayoría habría dejado pasar esta operación política contra el Presidente.

-Se ha dicho que la intervención de La Moneda, de los ministros, de alguna forma impide que las instituciones funcionen, porque termina una fiscalía y un tribunal que debe desestimar la denuncia. ¿No ve ahí una complejidad respecto a la separación de poderes?

Cuando las denuncias que se presentan tienen antecedentes, es un mundo, el mundo de la investigación del Ministerio Público, como las acusaciones que se hicieron contra el subsecretario Monsalve, donde hay pruebas que se acompañan. Pero otro es encontrarse con una denuncia manifiestamente injuriosa que salta a la vista al ver los antecedentes mínimamente. Entonces eso es parte de una operación política, no es parte de una investigación por un caso de abuso como en el caso Monsalve.

-¿Evalúa correctamente que haya sido la vocera y no los abogados del Presidente quienes se pronunciaran? Algunos expertos en materia penal han dicho que lo mejor hubiese sido que la vocería se acotara a los abogados del Presidente.

Los abogados del Presidente han hecho declaraciones dentro de lo que es su ámbito de competencia: defender al Presidente en esa investigación ante el Ministerio Público en Magallanes. Es una acusación que ya ha quedado demostrado que es falsa. Pero otra cosa es que esa declaración se aparte de lo que parece ser una operación política destinada a desestabilizar al gobierno y a injuriar al Presidente. Existe un ámbito político donde se ha organizado un ataque contra el gobierno y contra el Presidente y se ha utilizado esta denuncia para atacar al gobierno. En ese sentido, me parece que las declaraciones de la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, son atingentes.

-¿Qué opina sobre que la Fiscalía haya abierto un proceso por el conocimiento de la denuncia por parte del gobierno, considerando que esta denuncia era de carácter reservado?

Es un tema que llegó al Ministerio Público, que determinará si los abogados actuaron utilizando la ley y el marco jurídico vigente. Desconozco el procedimiento judicial de este caso, pero lo que sí quiero señalar es que cuando una persona o un grupo de abogados ejerce la representación legal del Presidente, es normal que dentro de su trabajo profesional estén tratando de advertir riesgos de eventuales acusaciones o demandas. Eso me parece plenamente atingente dentro del Estado de Derecho. Otra cosa es la filtración, que lo tendrá que investigar la Fiscalía.

-La denuncia contra el ex subsecretario Monsalve se la dio a conocer el director de la PDI, Eduardo Cerna, a la ministra Tohá. Como ex subsecretario del Interior, ¿cree que esos canales son los óptimos para manejar estos temas?

A mí me parece que la situación de la información dada por el director de Investigaciones a la ministra del Interior, como la misma ministra lo dijo, se pudo haber hecho mejor.

-Como ex subsecretario del Interior, ¿qué tan importantes son los gastos reservados para la labor de la subsecretaría y cómo ve que se quiera limitar esto en la ley de presupuesto? Se lo pregunto porque a raíz del caso Monsalve se plantea reducirlos al máximo.

Los fondos reservados tienen que tener un monto acotado, no es ilimitado. Pero son estrictamente esenciales, independientemente de que hay un procedimiento para dar cuenta de ello. No me parece que en un momento en que hay un combate contra el crimen organizado y la delincuencia, se estén quitándole herramientas al Ministerio del Interior para actuar en consecuencia.

-Sobre el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, inicialmente se le otorgaba a los subsecretarios del Interior y de Seguridad la capacidad de solicitar informes de inteligencia a las policías, norma que finalmente fue eliminada a propósito del caso Monsalve. ¿Cómo ve esta situación?

Siempre se debe elegir tomando en cuenta situaciones de la realidad, pero nuevamente creo que la relación estrecha entre las autoridades civiles y policiales requiere un espacio en el cual la autoridad civil pueda darle instrucciones a la policía. Las policías no se mandan solas, las policías no son autárquicas, independientemente del gobierno que sea el que dirija y tenga a su cargo la responsabilidad de esto.