Por "daño reflejo": Esposa, hijos y torturado por la Armada en 1973 serán indemnizados con $500 millones
Un contador que vivía en Quilpué, fue detenido el 20 de septiembre de 1973 por efectivos de la Armada.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, lo sacaron de su oficina de forma violenta y lo llevaron al buque Lebu, donde pasó 10 días enfrentando torturas físicas y psicológicas.
Entre los abusos, sufrió simulacros de fusilamiento, golpes y amenazas constantes, además de estar en condiciones inhumanas, sin acceso a higiene ni alimentos adecuados. Su vida cambió por completo tras este episodio.
Después de su liberación, este hombre enfrentó despidos y discriminación, lo que llevó a su familia al exilio en Bolivia.
Allí, aunque intentaron rehacer sus vidas, las secuelas del trauma persistieron. Este hombre sufrió graves problemas de salud, como úlceras nerviosas que requerían constantes tratamientos médicos.
La situación también afectó profundamente a su esposa e hijos, quienes tuvieron que adaptarse a un entorno hostil mientras enfrentaban las dificultades emocionales y económicas derivadas del abuso.
Casi cinco décadas después, el 19° Juzgado Civil de Santiago reconoció la responsabilidad del Estado en los sufrimientos de este hombre y su familia.
El tribunal ordenó al fisco pagar $200 millones como indemnización directa a el hombre por el daño moral sufrido, y $300 millones adicionales para su esposa e hijos por el impacto que estos hechos tuvieron en ellos.
La jueza Jacqueline Benquis Monares explicó en su fallo que los abusos cometidos contra este hombre son crímenes de lesa humanidad, los cuales no prescriben y deben ser reparados por el Estado.
El "daño reflejo" como argumento
Junto con lo anterior, la jueza destacó que el daño sufrido no solo afectó a este hombre, sino también a su familia.
Según la resolución, "el daño reflejo o por repercusión vivido por quienes tuvieron una relación fehaciente de dependencia patrimonial y afectiva con el afectado principal, como su cónyuge e hijos, los legitima para demandar reparación".
Esto significa que, aunque no fueron víctimas directas, la esposa e hijos de este hombre también enfrentaron consecuencias emocionales y económicas derivadas de las torturas y persecución que sufrió.
Además, señaló que las medidas generales ofrecidas por el Estado a las víctimas de la dictadura no compensan de manera suficiente los daños específicos causados a este hombre y su familia.
