Una mujer abrió su restaurante en Ñuñoa en 2015 y un año después, contrató a un trabajador como administrador del negocio, pero con el tiempo, comenzaron los problemas.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, en 2023, una auditoría mostró irregularidades en las cuentas, y la dueña decidió despedirlo.

Lo que no esperaba era que este trabajador se apoderara del local comercial, impidiendo su entrada, amenazando a los trabajadores y tratando de asumir el control del negocio.

Tras presentar denuncias, la locataria logró recuperar el local con ayuda de medidas cautelares ordenadas por un tribunal, que además prohibieron al extrabajador acercarse a ella y al restaurante.

Sin embargo, las amenazas continuaron, afectando la operación normal del negocio. Ante esta situación, decidió presentar un recurso de amparo económico para proteger su derecho a trabajar sin interferencias.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso. Explicó que el amparo económico solo sirve para proteger derechos económicos cuando son vulnerados por el Estado, no en conflictos entre particulares como este.

Además, señaló que la mujer ya había recuperado el local, por lo que no era necesario tomar medidas adicionales.

La Corte Suprema respaldó esta decisión, aclarando que el amparo económico no está diseñado para actuar de manera rápida y efectiva en casos como este, recomendando que se utilicen otros mecanismos legales para resolver conflictos similares.