En agosto de 2020, un interno del Centro Penitenciario Huachalalume, en La Serena, fue atacado por otro recluso mientras se encontraba en el patio del módulo 52.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante el ataque, el hombre fue herido con un arma cortopunzante fabricada de manera artesanal.

Aunque recibió atención médica de inmediato, no sobrevivió a las lesiones. Tras su fallecimiento, Gendarmería realizó un allanamiento en el lugar y encontró 37 armas similares escondidas en el patio, además de identificar a los posibles responsables mediante cámaras de seguridad.

La madre y los hermanos del fallecido decidieron demandar al Estado, argumentando que Gendarmería había fallado en su deber de proteger la vida y seguridad de las personas bajo su custodia.

El Tercer Juzgado de Letras de La Serena les dio la razón, concluyendo que Gendarmería actuó de forma negligente al no tomar medidas de seguridad adecuadas antes del ataque.

Aunque el personal atendió al interno herido, las acciones como el allanamiento y el refuerzo de la seguridad solo se realizaron después de que el hombre perdió la vida, lo que evidenció la falta de prevención.

La Corte determinó que el Estado deberá pagar $90.000.000 a la familia del interno por el daño moral causado. De esta cantidad, $50.000.000 serán para la madre y $20.000.000 para cada uno de los hermanos.

El tribunal destacó que Gendarmería no cumplió con su responsabilidad de cuidar a las personas bajo su protección, permitiendo que ocurriera un ataque mortal dentro de la cárcel.

Además, subrayó que las armas encontradas y las medidas tomadas después del hecho demuestran las graves fallas en los protocolos de seguridad.