Durante años, el Cementerio Municipal de Antofagasta fue escenario de un fraude que terminó afectando directamente los recursos de la ciudad.

Entre 2015 y 2017, un grupo de funcionarios municipales vendió terrenos y derechos de construcción dentro del cementerio, pero el dinero nunca llegó a las arcas de la municipalidad.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, en total, desviaron más de 421 millones de pesos, una cifra que se descubrió gracias a auditorías e investigaciones realizadas por la Contraloría Regional y el Consejo de Defensa del Estado.

Los responsables, que ocupaban cargos clave como administrador, subadministradora y encargado de proyectos del cementerio, utilizaban su posición para emitir comprobantes falsos o directamente no registrar los pagos.

Este dinero era repartido entre ellos y depositado en cuentas personales. Los hechos fueron denunciados en 2017, y tras una investigación penal, todos los implicados aceptaron su responsabilidad en un juicio abreviado.

En noviembre de 2024, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió que los exfuncionarios deberán pagar, de manera solidaria, una indemnización por el daño causado, equivalente a los más de 421 millones de pesos desviados.

La Corte también rechazó los argumentos de prescripción presentados por una de las acusadas, señalando que los plazos legales no habían expirado debido a los reconocimientos hechos durante el juicio penal.

La sentencia ordena que el monto sea reajustado con intereses hasta que se realice el pago completo.