Descrita como una “prisión a cielo abierto”, la franja de Gaza desde el año 2007 ha sufrido la imposición de un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo que restringe la entrada de bienes básicos y la movilidad de sus habitantes, provocando un genocidio contra palestinos y el padecimiento de una hambruna inconmensurable en su población.

A esto se suman los bombardeos que constantemente afectan indiscriminadamente a la población civil, ejerciendo una acción permanentemente desafiante contra el principio de distinción del derecho internacional humanitario.

La guerra que se ha prolongado hasta la actualidad no ha hecho más que profundizar el sufrimiento de los civiles. Organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía internacional han logrado documentar el excesivo uso de fuerza por parte de las tropas militares israelíes, destacando los ataques aéreos contra hospitales, escuelas y edificios residenciales donde se encuentran familias refugiadas y desarmadas.

El desplazamiento y la agresión contra población civil inocente constituyen crímenes de guerra, fundados bajo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), pero al parecer, al Estado de Israel no parece importarle.

Sin embargo, recientemente esta Corte emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa Yoav Gallant, por encontrar evidencia “razonable” de responsabilidad por presuntos crímenes de guerra. Este hecho marca un hito y pone de relieve como la comunidad internacional está tomando, de forma tímida, cartas en el asunto, reconociendo la gravedad de las vulneraciones perpetradas en Gaza y contra los territorios palestinos ocupados. Sin duda es un paso simbólico, que logra reflejar la presión global para abordar el apartheid y la violencia inusitada que el Estado Israelí ha ejercido por décadas contra el pueblo palestino.

El filósofo italiano Giorgio Agamben, en su concepto sobre “estado de excepción”, advierte que cuando los Estados justifican sus acciones en nombre de la seguridad nacional, a menudo, suspenden los derechos fundamentales y crean espacios donde la vida humana queda despojada de toda protección jurídica.

La franja de Gaza y la situación que viven miles de Palestinos representan un claro ejemplo de este estado de excepción: una población que vive bajo constantes violaciones de sus derechos fundamentales, sin una posibilidad de defensa.

El conflicto no solo debe ser visto desde el prisma de la seguridad, sino también desde la perspectiva de las obligaciones internacionales que está vulnerando el Estado de Israel como potencia de ocupación.

El traslado forzoso de personas protegidas y la colonización de territorios ocupados están prohibidos bajo el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, pero hoy tenemos a Israel vulnerando toda legislación internacional, implementando políticas de ocupación sostenidamente en Cisjordania y Jerusalén.

Y si bien, estos no son territorios que forman parte de la Franja de Gaza, reflejan un patrón de violencia sostenida contra sus países vecinos que perpetúa la desigualdad estructural y el apartheid entre israelíes y palestinos.

La guerra en Gaza y contra el pueblo Palestino no es solo un conflicto entre naciones, sino un llamado de atención al Derecho Internacional. Una verdadera paz no es solo ausencia de guerra, sino significa adoptar la presencia de dignidad y justicia para todas las personas.

Como afirmó el filósofo alemán Immanuel Kant: “la paz no es un ideal, sino una necesidad”. La paz solo puede construirse sobre cimientos de justicia y el respeto inquebrantable por los derechos humanos, por tanto, la comunidad internacional no puede permanecer indiferente mientras el pueblo Palestino sufre de violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales y las acciones del Estado de Israel no pueden permanecer impunes.

La reciente acción de la CPI contra Netanyahu si bien demuestra que aún existen herramientas legales para perseguir estos crímenes, resulta insuficiente. Esto tendrá validez solo si las instituciones internacionales y los Estados están dispuestos a actuar en colaboración con la justicia, garantizando que los responsables rindan cuentas. Mientras tanto, la situación en Gaza y los territorios palestinos ocupados siguen siendo una herida abierta en la conciencia del mundo.

Resolver este conflicto será una prueba de la capacidad de la humanidad para defender la justicia y la dignidad frente a la adversidad.