En 2020, una joven sorda decidió estudiar Pedagogía en Educación Especial en la Universidad Católica del Maule.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, al principio, recibió apoyo como intérpretes de lengua de señas y tutorías, lo que le permitió avanzar sin mayores problemas.

Sin embargo, con el tiempo, esos apoyos comenzaron a disminuir, hasta llegar a ser insuficientes para que pudiera entender los contenidos y realizar sus evaluaciones.

La situación empeoró cuando tuvo que enfrentar prácticas profesionales en escuelas donde no se utilizaba lengua de señas, dejando su comunicación completamente limitada.

La estudiante, que depende de la lengua de señas para aprender, reprobó dos asignaturas porque la universidad no hizo los ajustes necesarios para adaptarlas a su discapacidad.

Aunque pidió ayuda en múltiples ocasiones, las respuestas fueron tardías o ineficaces, y esto terminó afectando su rendimiento y su bienestar emocional. Finalmente, dejó de asistir a clases porque ya no podía seguir avanzando en su carrera.

Cansada de la falta de apoyo, decidió presentar un recurso de protección para exigir que la universidad hiciera los ajustes necesarios y le permitiera terminar sus estudios.

La Corte de Apelaciones de Talca revisó el caso y le dio la razón. Ordenó que la universidad la reincorpore en 2025, adapte los contenidos de los ramos que reprobó y garantice un intérprete de lengua de señas durante sus prácticas.

Además, la institución deberá mantener todos los apoyos necesarios para que pueda completar su carrera en igualdad de condiciones con sus compañeros.

La Corte destacó que es fundamental que las universidades garanticen una verdadera inclusión y no solo se queden en promesas.