En el país, existe la idea de que los Gobiernos Regionales (GOREs) disponen de muchos recursos y que estos se han ido acrecentando en el tiempo. Esta percepción se ha agudizado con la promulgación de la ley 21.591 sobre Royalty a la Minería con la cual se crea, entre otros, el Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo.

Sin embargo, al analizar el presupuesto destinado a las regiones en los últimos años, surgen una serie de aspectos que revelan una realidad más compleja, que da cuenta de una capacidad fiscal de los GOREs que adolece de estabilidad y previsibilidad, y que debe adecuarse año a año a nuevas reglas del juego. Dada la contingencia de la segunda vuelta de la elección de Gobernadores, resulta pertinente revisarlo.

El presupuesto asignado a la administración directa de los Gobiernos Regionales se inició en el año 2022, con la primera ley de presupuesto tras la elección de gobernadoras y gobernadores. Antes de eso, los recursos económicos para los gobiernos regionales se asignaban a través del Ministerio del Interior. El presupuesto de los GOREs asigna dinero para que éstos cumplan con su rol de impulsar y liderar el desarrollo territorial, a través del desarrollo social, cultural y económico de la región.

Cada año, las regiones deben ajustarse a nuevas reglas de juego según los cambios anuales en la ley de presupuesto, lo que dificulta la planificación y ejecución de proyectos de mediano y largo plazo. La incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de fondos obliga a los GOREs a depender de las prioridades del gobierno central, lo que erosiona su capacidad para generar un desarrollo sostenido en sus territorios.

El 2024, los Gobiernos Regionales dispusieron de un presupuesto de 1.765.548 millones de pesos, lo que corresponde al 2,3% del presupuesto nacional. Aunque en términos absolutos puede parecer una cifra considerable, representa sólo una fracción comparada con los recursos asignados a otros servicios públicos (por ejemplo: ministerios, Congreso, Poder Judicial).

Lo interesante es que estos otros servicios también invierten en las regiones, pero lo hacen sin un presupuesto territorial específico, lo que da lugar a una asignación desigual y poco homogénea entre los distintos territorios.

Un aspecto fundamental que condiciona el debate sobre los recursos de los GOREs es la autonomía fiscal. La asignación de presupuesto se da principalmente por Fondos que son transferidos desde el gobierno central, ya que los GOREs cuentan con limitadas atribuciones para recaudar recursos propios. Por lo tanto, aunque las regiones cuentan con mayor autonomía política, no tienen autonomía fiscal.

A pesar de los cambios políticos, las regiones continúan dependiendo en gran medida del gobierno central, lo que los hace funcionar de una forma muy distinta a los municipios y ser más parecidos a un ministerio.

Entre 2022 y 2024, los fondos de los GOREs experimentaron diversas modificaciones. El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que contó con $39,4 millones en 2022 y $41,9 millones en 2023, fue eliminado en 2024, coincidiendo con la creación del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD), que recibió $139 millones en ese mismo año.

De manera similar, el Fondo de Apoyo Regional (FAR) se redujo drásticamente de $518 millones en 2022 a menos de la mitad en 2023 y 2024, mientras que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) casi se duplicó (90%), pasando de $392 millones en 2022 a $688 millones en 2023.

Estos datos dan cuenta que en este periodo hay un incremento del valor total de los fondos en términos nominales, pero no ha habido un aumento del presupuesto en términos reales (considerando la inflación), sino solo una redistribución de los recursos entre los distintos fondos.

En el actual proyecto de ley 2025, se proyecta que la sumatoria total de los fondos se incrementen en un 6%. Considerando que, respecto al 2024, el Fondo de Inversión y Reconversión Regional se elimina y se incrementan los Fondos FAR en un 21%, el FNDR en un 4% y el FRPD en un 59%.

Mientras que el Fondo de Equidad Interregional disminuye en un 21%. Esto evidencia que más que un incremento real, uniforme y sostenido del presupuesto, estamos frente a una constante reestructuración y redistribución interna de los fondos destinados a los Gobiernos Regionales.

La falta de previsibilidad en la asignación de recursos afecta negativamente la estabilidad financiera de los Gobiernos Regionales. Esto obliga a que las regiones deban adaptarse constantemente a nuevas condiciones, lo que dificulta la ejecución de proyectos estratégicos y erosiona su autonomía para impulsar el desarrollo local.