Un hombre tenía 30 años cuando, el 1 de mayo de 1980, asistió a un acto para conmemorar el Día del Trabajador en Santiago.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, al salir del evento, fue detenido por civiles que lo entregaron a Carabineros.

Durante cinco meses, estuvo bajo custodia en diferentes lugares, donde fue víctima de torturas constantes.

Estas agresiones le dejaron secuelas graves, como la pérdida parcial de la audición y problemas permanentes en su columna que le dificultan caminar.

A esto se suman los daños psicológicos que todavía afectan su calidad de vida.

Cuarenta años después de estos hechos, este hombre decidió demandar al Estadopara buscar justicia por las violaciones a sus derechos humanos.

En su demanda, pidió una indemnización de $300 millones por el daño moral sufrido. Inicialmente, un tribunal le otorgó $20 millones, pero él consideró que esa suma no reflejaba el sufrimiento que había soportado.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisó el caso y aumentó la compensación a $60 millones.

Los jueces explicaron que los daños sufridos por este hombre eran extremadamente graves y que la indemnización debía ser proporcional al impacto que estos hechos tuvieron en su vida.

También destacaron que las torturas que sufrió constituyen crímenes de lesa humanidad.