A más de dos años de la promulgación de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) en Chile, la situación es alarmante. A pesar de la clara necesidad de acción frente a la crisis climática, los organismos estatales han incumplido con la elaboración de los planes y reglamentos mandatorios.

Este retraso no solo pone en riesgo los compromisos internacionales de Chile, sino que también evidencia una falta de capacidad institucional y de voluntad política para enfrentar una problemática que nos golpeará cada vez con más fuerza.

La LMCC fue diseñada como un pilar fundamental para la gestión del cambio climático en el país, buscando coordinar acciones de mitigación y adaptación. Sin embargo, los resultados hasta la fecha son desalentadores: de los 17 planes de mitigación y adaptación que deberían estar listos, solo uno ha sido aprobado, y varios más están rezagados en el proceso de consulta ciudadana. ¿Cómo es posible que, en este contexto, los plazos establecidos por la ley no se cumplan?

Las razones son diversas. En primer lugar, la falta de capacidad institucional es evidente. Los funcionarios encargados de implementar la LMCC se ven abrumados por múltiples responsabilidades, lo que impide avanzar en las tareas prioritarias. Además, el presupuesto destinado a esta implementación no está claramente definido y depende de las asignaciones de cada ministerio, lo que genera incertidumbre y paraliza iniciativas cruciales.

Es imperativo que se tomen medidas inmediatas. Necesitamos una evaluación exhaustiva del estado de los instrumentos creados hasta ahora, y una reforma que simplifique y clarifique los mandatos para el momento en que los planes deban ser actualizados.

Una eventual modificación al Decreto 16 del Ministerio del Medio Ambiente y el cambio de algunos de los plazos establecidos puede ser el punto de partida para evitar mayor complejidad burocrática y dilatación en las decisiones de los períodos venideros. En este punto también será sumamente importante el primer informe de seguimiento sobre dichos planes, el cuál se debe realizar durante el primer año desde la entrada en vigencia de los mismos.

Por otro lado, es relevante señalar que, aunque se han realizado esfuerzos por incluir la participación ciudadana en la elaboración de planes sectoriales, solo dos ministerios han trabajado en conjunto con pueblos indígenas a fin de incorporar sus visiones y problemáticas en los instrumentos de gestión.

Aquello es altamente preocupante, por cuanto el rol de los pueblos indígenas es fundamental en materia climática y su participación en las formas desarrolladas por los Ministerios de Energía y la Dirección General de Aguas constituyen un piso mínimo en virtud de los compromisos suscritos por Chile en la materia. Es necesario que su incorporación sea transversal en todos los aspectos de implementación de la LMCC.

La perspectiva actual en la implementación de la LMCC es clara: es urgente la necesidad de una movilización conjunta, tanto de actores institucionales y políticos, como de recursos y capacidad técnica (considerando los instrumentos de gestión subnacionales que aún no han sido elaborados), a fin de poder alcanzar los objetivos propuestos por la ley.

Acá el tema presupuestario es fundamental, luego de los instrumentos, viene la implementación efectiva de cinco años, lo cual debe quedar claramente establecido en la próxima partida presupuestaria. Instamos al gobierno a poner énfasis en este tema, dando una prioridad a la ejecución de las políticas que se establezcan en los diversos planes sectoriales, tanto en mitigación, como en adaptación.

Si bien este primer período de construcción de instrumentos de gestión ha sido lento, permite que se sienten las bases para mejorar los procesos posteriores. Sin embargo, aquello requiere además un compromiso importante de diversos sectores, incluyendo un financiamiento adecuado y una priorización de la ejecución de las políticas contempladas. Solo así podremos avanzar hacia una gobernanza climática real y efectiva de cara al complejo escenario local y global.