En 2022, los trabajadores de la empresa Proveedores Integrales del Sur S.A. (Prisur) formaron un sindicato y comenzaron su primera negociación colectiva para mejorar sus condiciones laborales.

El proceso no fue fácil: la empresa rechazó todas las propuestas presentadas por los trabajadores y, tras varias reuniones sin avances, el sindicato decidió iniciar una huelga legal en noviembre de ese año.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante la huelga, el sindicato denunció que la empresa estaba reemplazando a dos trabajadores en huelga con otros empleados, lo que está prohibido por Ley.

Según la Inspección del Trabajo, esta práctica desleal fue confirmada durante inspecciones realizadas en la empresa, donde se constató que las labores de los huelguistas estaban siendo realizadas por otros trabajadores, afectando la efectividad de la huelga.

El caso fue llevado a la justicia laboral, donde se determinó que Prisur había incurrido en prácticas antisindicales.

La empresa fue condenada al pago de dos multas de 25 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) cada una (Aproximadamente $3 millones de pesos).

Prisur apeló la decisión, argumentando que los reemplazos eran "adecuaciones necesarias" y que no vulneraban los derechos de los huelguistas.

El conflicto llegó hasta la Corte Suprema, que evaluó el recurso presentado por la empresa. Sin embargo, en un fallo reciente, la Corte rechazó la apelación y declaró inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia.

Según el máximo tribunal, no había diferencias suficientes entre los fallos anteriores citados por la empresa y el caso actual para justificar su solicitud.

Además, reafirmó que el reemplazo de trabajadores en huelga, incluso bajo pretextos como las adecuaciones necesarias, es ilegal y atenta contra el derecho fundamental a la huelga.