La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, un tribunal de segunda instancia confirmó este miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner.

Una decisión de gran impacto político, pero de escasos efectos en la opinión pública del país vecino, donde los opositores al kirchnerismo “confirmaron” las acusaciones de corrupción que pesaban sobre la ex mandataria, mientras los adherentes revalidaron sus sospechas de “proscripción” y  “persecución” de las que es objeto históricamente esa fuerza.

El fallo establece que CFK mantuvo durante su Gobierno (2007-2015) “vínculos promiscuos y corruptos” con un empresario encargado de la obra pública en Santa Cruz, la provincia patagónica.

Poco después de publicada la previsible decisión, adelantada la semana pasada por los conservadores diarios Clarín y La Nación, la defensa de la expresidenta presentó un escrito en el que informó que la recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia, la última instancia posible, lo que configura un escenario impredecible en el que se ponen en juego múltiples alternativas.. 

El máximo tribunal está integrado por cuatro magistrados, dos de ellos nombrados por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri (Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti), uno próximo a jubilarse y cuyo reemplazo es objeto de un complicado ajedrez institucional en este momento (Juan Carlos Maqueda), y Ricardo Lorenzetti.

La reconfiguración de la Corte –esto es, el reemplazo de Maqueda y un eventual aumento de sus integrantes- se encuentra en pausa porque en el Senado siguen dando vuelta los pliegos de dos polémicos candidatos propuestos por el gobierno de Javier Milei (Ariel Lijo y Manuel García Mansilla) por lo que es difícil calcular no sólo cuánto tiempo tomará a esta instancia dictar sentencia definitiva, sino cuál será la composición del Tribunal en ese  momento.

En resumen, esta Corte de mayoría conservadora cuya influencia en los otros dos poderes del Estado viene creciendo en las últimas décadas en Argentina, se ve ahora envuelta en un paradójico bucle: deberá decidir sobre la sanción impuesta a CFK, que incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos, pero probablemente esa decisión se tome con una nueva composición del cuerpo, composición en la que la exmandataria tiene una voz poderosa al controlar la bancada más numerosa del Senado, donde se requieren dos tercios.

Al margen de la interpretación que cada sector político tenga sobre el curso de este proceso judicial, lo cierto es que obliga a reflexionar sobre los efectos que tiene sobre la salud democrática del país vecino.

Festejos y críticas

Desde la oficialista LLA (La Libertad Avanza, de Javier Milei) hasta el PRO (de Mauricio Macri) hubo brindis y festejos por la decisión. Javier Milei escribió en su cuenta de X “Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción. Fin”, escribió en su cuenta de X.

“Recuerdo que en la campaña fuimos criticados por no expedirnos sobre la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner. Por los mismos que hoy hablan de respeto a las instituciones. Bueno, en el día de hoy (durante este gobierno) la Justicia Argentina confirmó la condena e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de la ex Presidente”, agregó el libertario en su mensaje.

El mensaje del mandatario llega en medio de crecientes versiones sobre un intento del Gobierno de presionar al kirchnerismo en el Senado para que acepte el pliego de Lijo, uno de los magistrados que Milei quiere en la Corte.

Según la prensa local la coyuntura judicial en curso abre un terreno de negociación en la Cámara Alta que de no dar resultado –de acuerdo a estas versiones- abre la alternativa de que Milei nombre a Lijo y a García Mansilla por decreto, lo que dejaría al máximo Tribunal con un 80% de sus integrantes nombrados por este medio. Inimaginable hace pocos años. 

El macrismo, por su parte, imagina una vía política para sacarse de encima a CFK como eventual candidata y con ese objetivo apura una convocatoria para que los Diputados traten la siguiente semana el proyecto de “Ficha limpia” que de ser aprobada, impediría a los dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales. 

Desde el kirchnerismo en tanto, aseguran que el efecto principal de la sentencia “es disciplinar a la dirigencia política, social y sindical”.

La exmandataria y actual presidenta del Partido Justicialista recibió una carta firmada por más de 250 expresidentes y figuras políticas de todo el mundo en la que denuncian "Lawfare", entre ellos Evo Morales, Xiomara Castro, Luis Arce, Rafael Correa, y aseguró que está dispuesta a pagar el precio de ir a prisión por "haber cumplido con su generación".

El gobernador de Buenos Aires, después de CFK la figura más relevante del partido en estos momentos dijo que el proceso en su totalidad estuvo “armado por el Partido Judicial” que se pronunció “sin una sola prueba” y con “una condena escrita de antemano y anunciada con antelación por el periodismo cómplice”.

“La farsa jurídica en la llamada causa Vialidad entristece pero no sorprende, es la misma metodología utilizada en Brasil y en otros países. Lawfare de manual para disciplinar y proscribir a los dirigentes populares que garantizaron derechos y bienestar a sus pueblos. Todo nuestro acompañamiento y solidaridad con Cristina Kirchner”, escribió.

Redes, política y redención

La situación argentina, como también la del expresidente brasileño Inácio Lula Da Silva, pero también la de Donald Trump (entre muchos otros ejemplos) muestran algunos de los rasgos novedosos que va mostrando la democracia contemporánea.

Por una lado el hecho de que a diferencia de décadas anteriores, una sentencia de este tipo, lejos de zanjar una disputa, sólo logra que las partes reafirmen sus hipótesis anteriores.

Cada parte ajusta la interpretación de modo que “confirma” lo que ya pensaba antes del pronunciamiento, lo que es un disparador de más polarización, muy en línea con la gramática impuesta por las redes sociales, sobre todo X (antes Twitter).

El hecho que audiencias saturadas y esquivas, motivadas por emociones mucho más que por ideas interpreten la condena penal contra su líder de maneras diametralmente opuestas (por un lado una señal más de su legitimidad, por otro la confirmación de su culpabilidad), vuelve a confirmar que se trata de ciudadanos absolutamente impermeables a los datos.

En su publicación Antifrágil, el ensayista libanés.-estadounidense Nassim Taleb, señala que ante la adversidad las figuras políticas contemporáneas no sólo resisten, sino que se fortalecen.

Fue el caso de Trump que, declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, acusado de conspiración para defraudar al gobierno y obstruir un procedimiento oficial, acaba de arrasar en Estados Unidos, pero también de Lula, que tras pasar más de 500 días en la cárcel por una causa que la propia Corte Suprema declaró nula, regresó al Gobierno.

Como señala Carlos Pagni, uno de las plumas del diario La Nación, en sociedades fracturadas, carentes de diálogo o dónde éste se circunscribe a los pocos caracteres que permite un mensaje en redes sociales en las que “el odio y el fanatismo cancelan la posibilidad de un argumento”, se modificó sustancialmente el rol que la sanción penal podría cumplir en la política y se impone un nuevo “ethos”.

El próximo domingo CFK viajará a Santiago del Estero para participar de un acto por el Día del Militante, donde muy probablemente se corroborará que su apoyo popular se mantiene incólume.