La medida del SII para gravar las ventas en redes sociales revela una preocupante miopía en nuestra política económica. Bajo el pretexto de formalizar la economía digital, estamos al borde de asfixiar el mismo espíritu emprendedor que tanto alardeamos fomentar.

Es un hecho innegable que la innovación florece en los márgenes, en esos espacios grises donde las ideas se prueban antes de formalizarse. Sin embargo, esta iniciativa amenaza con sofocar estos emprendimientos nacientes, exponiendo una contradicción flagrante en nuestras políticas de fomento.

Por un lado, ofrecemos fondos concursables a quienes no han iniciado actividades formales; por el otro, empujamos a la formalización prematura a través de una fiscalización agresiva. Esta incongruencia no sólo confunde, sino que potencialmente cierra puertas cruciales para el desarrollo de nuevos negocios. La realidad es que muchos emprendedores dependen de estos fondos para dar sus primeros pasos, y forzarlos a declarar ventas prematuras podría excluirlos de estas oportunidades vitales.

La carga administrativa que esta medida impondrá sobre los pequeños negocios es, francamente, desproporcionada. En lugar de permitir que estos emprendedores se enfoquen en lo que realmente importa -desarrollar sus productos y conquistar mercados- los obligamos a convertirse en contadores improvisados. Este desvío de recursos y atención podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso para muchos proyectos prometedores.

Más grave aún es la desventaja competitiva que estamos creando para nuestros emprendedores frente a la competencia internacional. En un mercado digital sin fronteras, imponer cargas adicionales a nuestros talentos locales mientras los gigantes tecnológicos extranjeros operan con relativa libertad en nuestro territorio digital es, cuanto menos, miope.

El SII parece olvidar que la verdadera riqueza de una nación no se mide en la recaudación inmediata, sino en el potencial de crecimiento de sus innovadores. Necesitamos urgentemente un replanteamiento integral de nuestras políticas de fomento al emprendimiento. Un sistema que incentive la formalización progresiva, premiando el crecimiento en lugar de castigarlo desde el inicio, sería un paso en la dirección correcta.

El desafío está sobre la mesa: debemos atrevernos a innovar en nuestras políticas con la misma audacia que pedimos a nuestros emprendedores. De lo contrario, nos resignamos a ser meros espectadores en la carrera global por el talento y la innovación.

La decisión que tomemos hoy determinará si Chile se consolida como un semillero de innovación o si, por el contrario, ahogamos nuestras aspiraciones de progreso en un mar de burocracia y cortedad de miras. Es hora de que nuestros legisladores y reguladores demuestren que entienden la economía digital tanto como presumen.

Esta medida, aparentemente bien intencionada, corre el riesgo de convertirse en el epitafio de nuestras ambiciones como nación innovadora y emprendedora si no se recalibra con urgencia.

El futuro de nuestro ecosistema emprendedor está en juego, y la agudeza de nuestra respuesta determinará si construimos una robusta red de oportunidades o si, inadvertidamente, tejemos la soga que ahogue nuestras aspiraciones de progreso económico y tecnológico.