Un ciudadano venezolano en Chile decidió acudir a los tribunales tras una larga espera sin respuesta sobre su solicitud de nacionalización.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, había presentado su petición para obtener la ciudadanía en julio de 2023, cumpliendo con todos los requisitos exigidos.

Sin embargo, después de más de un año de espera, el hombre no había recibido ninguna respuesta de las autoridades, lo cual, según señaló, afectaba su estabilidad personal y familiar, dificultando su arraigo en el país.

Ante esta situación, decidió presentar un recurso de protección, pidiendo que el Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior resolvieran su caso en un tiempo razonable.

El Ministerio del Interior respondió indicando que la solicitud del ciudadano aún estaba en una fase preliminar, y que, debido a la complejidad del proceso, la demora no era irregular.

El Servicio Nacional de Migraciones agregó que el tiempo de espera no afectaba el estatus de residente del ciudadano y que el plazo de seis meses que establece la ley para resolver trámites administrativos no es obligatorio en estos casos.

La Corte de Apelaciones de Santiago finalmente falló a favor del ciudadano, considerando que la demora de más de un año era injustificada y que vulneraba sus derechos.

La Corte recordó que las leyes chilenas establecen principios que obligan a las instituciones públicas a resolver los trámites de forma rápida y sin dilaciones innecesarias.

Calificó esta espera como una acción arbitraria e ilegal que afecta el derecho a la igualdad ante la ley.

Con esta decisión, la Corte ordenó al Servicio Nacional de Migraciones a resolver la solicitud de nacionalización del ciudadano venezolano en un plazo máximo de 60 días hábiles, contados a partir de que el fallo sea definitivo.