Una trabajadora en Valdivia denunció que el dueño de la casa donde vivía le cortó el agua y la electricidad para obligarla a salir de la vivienda.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, la mujer explicó que, además de ser su arrendador, este hombre era su empleador y le debía casi tres millones de pesos en sueldos.

Según relató, el corte de servicios fue una forma de presionarla para que abandonara el lugar mientras continuaba sin recibir el pago que le correspondía.

El propietario, por su parte, argumentó que la mujer comenzó a vivir en el inmueble sin su autorización y que solo la había contratado para trabajos temporales de limpieza y demolición en la propiedad.

Tras pedirle en varias ocasiones que se fuera y ante su negativa, decidió cortar el agua y la electricidad para forzarla a salir.

Más tarde, el propietario admitió que esta acción fue un error y prometió no volver a interrumpir los servicios sin una orden de la justicia.

La Corte de Apelaciones de Valdivia intervino en el caso y falló a favor de la trabajadora, señalando que el dueño había actuado por su cuenta para resolver el conflicto, lo cual está prohibido.

La Corte destacó que cortar los suministros básicos sin una orden judicial es una forma de tomar la justicia en sus propias manos y va en contra de los derechos fundamentales de la persona.

Según la sentencia, estos actos son ilegales y afectan derechos esenciales, como el acceso al agua y la integridad física.

El fallo ordenó al propietario restablecer los servicios y le prohibió volver a usar este tipo de presiones sin autorización de un juez.

Aunque la Corte indicó que el tema de los sueldos impagos y el contrato laboral deberá resolverse en otra instancia, en este caso se decidió proteger los derechos básicos de la trabajadora.