A la luz de las recientes denuncias por agresiones sexuales contra Arturo Vidal y otros jugadores de Colo Colo, contra el ex futbolista Jorge Valdivia y el ex subsecretario del interior Manuel Monsalve, es fundamental reabrir el debate en torno a lo que entendemos, en términos socioculturales y jurídicos, por consentimiento y violencia sexual.

Evidentemente no estamos masivamente en la misma página al respecto y no sirve de nada reiterar la relevancia del consentimiento y el respeto a este si no tenemos claridad de cómo se ve, cómo se siente y cómo se escucha, menos de como mostrarlo y demostrarlo en un tribunal.

Entre el año 2016 y el 2019 se sucedieron una serie hitos claves para el desarrollo de este debate. Primero, en 2016 ocurrió el conocido como caso de la manada, en que cinco hombres violaron a una mujer en Pamplona, lo que produjo que mujeres a lo largo de todo el mundo levantaran consignas como “Hermana yo te creo” y “No es no”, como respuesta a los cuestionamientos a la víctima y si esta habría dado o no su consentimiento.

Después, en el mismo periodo surgieron los movimientos #MeToo y Cuéntalo, referidos a alentar a las mujeres a revelar experiencias de abuso y acoso sexual. Estos tuvieron su auge en 2017, cuando un grupo de actrices hizo públicas una serie de acusaciones contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein.

El alcance fue mundial y se extendió por años, reverberando hasta la actualidad. Más tarde, en 2019, Las Tesis (colectivo chileno) inauguró una performance llamada “Un violador en tu camino”, haciendo referencia a la violencia sexual impune que viven las mujeres, acusando directamente a Estados, gobiernos y fuerzas de seguridad de no protegerlas, sino incluso de perpetrar estas agresiones.

Estos movimientos y expresiones de denuncia y protesta, por nombrar algunos, dan cuenta de la existencia del abuso y el acoso sexual como una problemática constante, frecuente y transversal, que hoy son más visibles debido a que son más las mujeres que se atreven a llevar adelante una denuncia. Y dado que hemos comenzado a hablar, la legislación ha tenido y tiene que ponerse al corriente, buscando fórmulas para prevenir, juzgar, sancionar y erradicar la violencia sexual.

En Chile existen algunas leyes que protegen a las víctimas de delitos sexuales, así como sanciones a la violencia sexual en diversos ámbitos de la vida pública y social. Sin embargo, no solo aún faltan precisión y rigor en su aplicación, así como claridades conceptuales y jurídicas en torno a lo que comprendemos como violencia sexual y consentimiento, sino que social y culturalmente estamos muy por detrás de la propia legislación.

Eso es lo que queda en evidencia luego de que en solo un mes haya al menos tres escándalos públicos provocados por denuncias de agresiones sexuales y las diversas reacciones frente a estas.

Lo principal, por supuesto, es la gravedad de que ocurran estas violencias, pero preocupan también de sobremanera dos elementos que deben integrar este debate: por un lado, el cuestionamiento a las víctimas debido a sus acciones, presencia u omisiones en torno a los hechos en que se encuadra la agresión sexual y, por otro lado, las relaciones de poder implicadas.

Que ella asistió al encuentro o lugar, que ella bebió, que ella debió hacer o decir tal o cual cosa. Ella, la que es la víctima. Pero nadie festina con que él asistió, él bebió, él hizo o dijo. La costumbre machista y la normalización de la violencia aparece transparente en comentarios que van en todas direcciones y evidencia faltas graves en la socialización y educación que hemos recibido en materia de consentimiento y violencia sexual.

Y esto empeora cuando se mezcla con relaciones de poder (aquellas adicionales a las propias del género), en las que los códigos y la comunicación se ven comprometidos, tanto por la soltura y/o propiedad con que se exprese quien detenta el poder o lugar de figura pública, así como por la inhibición, sumisión o a veces incluso miedo con que se exprese la persona en desventaja, subordinación, en situación de anonimato o de común y corriente en contraste con el otro.

Tal parece que, como sociedades, estamos aun aprendiendo cuestiones morales básicas y, especialmente, lo que son la violencia sexual y el consentimiento, lo que nos obliga a volver sobre los mínimos en la educación y la socialización de todas las personas.

Se trata de los currículos primario y secundario que debiesen integrar educación sexual integral, sin duda, pero también de espacios e instancias formativas a lo largo de toda la vida, aún más cuando se ocupa espacios de poder político, económico y/o intelectual. Así como también se trata de sanciones categóricas y eficaces frente a la violencia sexual y de un absoluto escarnio público a quienes perpetran dichas agresiones.

El “No es no” y “Solo sí es sí” no alcanzan en una sociedad machista donde se aprendió la transgresión de límites como forma de seducción, así como Jorge Valdivia con arresto domiciliario nocturno no alcanza como cautelar para mostrar lo reprochable que es estar acusado de agredir sexualmente a una mujer.

Mientras les cae todo el peso de la ley a los agresores de hoy, cumpliendo con los debidos procesos y con un rol social formativo, es urgente que nos hagamos cargo de la prevención mejorando y profundizando las ideas en torno a lo que entendemos por consentimiento y violencia sexual.