En marzo de 2024, durante un partido de fútbol en el Estadio Monumental entre los equipos Colo-Colo y Universidad de Chile, se produjo un incidente que terminó generando un gran revuelo.

Según la versión del afectado, en medio de la euforia y las tensiones del encuentro, se desató una discusión entre él y otros hinchas.

En un momento, su reacción fue malinterpretada, y algunos testigos lo señalaron como responsable de haber agredido a un niño que se encontraba cerca.

Este suceso fue captado en video por otros asistentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

En las imágenes se veía al hombre lanzando un objeto y mostrando gestos de enojo, lo que, según él, algunos medios interpretaron como un acto de agresión hacia el menor.

La noticia se viralizó, y varios medios nacionales publicaron reportajes que, según él, lo mostraban injustamente como un hincha violento.

Además, los titulares y los comentarios en redes sociales aumentaron la presión social sobre él, lo que provocó una serie de amenazas y un fuerte acoso tanto hacia él como hacia su familia.

Sentido de que su vida privada y su reputación estaban en peligro por esta cobertura, el hombre decidió llevar el caso a la Corte de Apelaciones de Santiago.

Argumentó que los reportajes eran inexactos, exagerados y carecían de una investigación rigurosa.

Para él, estos contenidos no solo lo exponían públicamente de manera injusta, sino que también ponían en riesgo la tranquilidad de su familia.

Por ello, pidió a la Corte que ordenara la eliminación de los artículos y videos, y que prohibiera cualquier futura publicación sobre el tema.

En su defensa, los medios de comunicación argumentaron que estaban ejerciendo su derecho a informar sobre un tema de interés público.

Explicaron que el video del incidente ya estaba circulando en redes sociales antes de que lo publicaran, y que la conducta del hombre en el estadio era relevante para el público, dado el contexto de violencia en espectáculos deportivos y las leyes que regulan el comportamiento en estos eventos.

Según ellos, informar sobre este tipo de situaciones era un deber y parte de su función de mantener informada a la sociedad sobre hechos de relevancia.

Finalmente, el 30 de octubre de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud del hombre.

En su fallo, la Corte determinó que la libertad de prensa y el derecho a informar debían prevalecer en este caso, dado que se trataba de un hecho de interés público ocurrido en un lugar abierto al público.

Señaló que el video no había sido manipulado y que los reportajes no revelaban información personal sensible del hombre.

La Corte también afirmó que la solicitud de eliminar las publicaciones no era adecuada en este caso y recomendó que, en su lugar, el afectado utilizara otros mecanismos, como solicitar aclaraciones o rectificaciones a los medios si consideraba que la información era errónea o perjudicial.