Los académicos de la Universidad de Harvard, Steve Levistky y Daniel Ziblatt en su libro Cómo mueren las democracias (2018), ya anticiparon una serie de problemáticas que presenta el sistema electoral del todavía país más poderoso del mundo. Como se sabe, la candidatura que obtiene el voto popular, no necesariamente llega a la presidencia como les pasó a Al Gore en 2000, a Hillary Clinton en 2016 y a Donald Trump en 2020.

La democracia electoral en Estados Unidos es de carácter indirecto, pues a través de una elección popular se vota por un ‘Colegio Electoral’ de 538 electores, quienes finalmente elegirán al/la próximo primer mandatario estadounidense, y para esto se requiere una mayoría de 270 votos.

Levitsky precisa que el sistema indirecto, con 200 años de antigüedad, ha favorecido de manera no intencional al Partido Republicano, entre otras cosas porque esta institucionalidad democrática ha favorecido a zonas rurales y territorios escasamente poblados, lo cual no fue problemático en los albores de una democracia menos constituida, pues había paridad entre lo rural y lo urbano.

Sin embargo, a partir del siglo XXI, los republicanos han captado el voto rural, los llamados ‘estados rojos’, y los demócratas se han convertido en el partido de las grandes urbes, provocando una polarización cada vez más intensa; pese a que el sistema fue concebido originalmente para balancear el grado de influencia de estados grandes y pequeños.

En este escenario electoral y con encuestas que han definido una reñida y polarizada atmósfera democrática, Estados Unidos se enfrenta hoy a una nuevas elecciones presidenciales en las cuales más de 200 millones de votantes concurren a los lugares de votación.

En esta ocasión el resultado podría depender de sólo decenas o cientos miles de votos en los denominados siete ‘estados bisagra’ en relación a sus electores: Arizona (11), Carolina del Norte (16), Georgia (16), Michigan (15), Pensilvania (19), Nevada (6) y Wisconsin (10). Desgraciadamente, en los estados bisagra no se ve una clara inclinación hacia un partido u otro, pero sí en otros estados como California o Nueva York (demócratas), o Texas y Florida (republicanos), pero su peso específico es menor.

Efectivamente se requiere de una especie de ‘pulpo Paul’ para anticipar cómputos. Sin embargo, en el país norteamericano existe un ‘Pepe Auth’, el historiador Allan Lichtman, quien junto a un especialista ruso en terremotos, Vladimir Keilis-Borok, creo el sistema de las 13 llaves, que contempla una serie de variables, entre ellas, la economía, elecciones legislativas, cambios en la política nacional, entre otras.

Haciendo un ‘check list’, Kamala Harris cumpliría 9 condiciones y Donald Trump sólo 4. Sin embargo, lo que el método no puede predecir es la percepción del político en la ciudadanía votante, y eso haría una enorme diferencia entre una candidatura y otra. Por ejemplo, los granjeros, las zonas rurales y toda la comunidad religiosa cristiana es pro Trump, mientras Harris capta el voto más progresista.

Como señala Levitsky, Estados Unidos es un país extremadamente conservador que difícilmente cambie su sistema electoral, ya abolido en el resto del mundo, pues “aquí tratamos a las instituciones casi como si tuviesen orígenes bíblicos. Creemos que las instituciones son intocables” (BBC, 01/11/2020). Sin embargo, los niveles de participación se han incrementado significativamente; en las elecciones presidenciales de 2020, participó un 65% de la población, la más alta en 100 años, y se espera un mayor porcentaje en esta oportunidad, dado el ambiente político polarizado.

Sin duda, como señala Manuel Asenjo, no todo es democracia electoral (El Economista, 27/04/2021), o las democracias no sólo son un ‘electo-partidismo’ (Natalia Soledad-D’elia, 2011), y aquí aparece la reflexión sobre ‘democracia epistémica’ o el valor epistemológico de las democracias deliberativas en un contexto de democracias no asentadas (David Caldevilla Domínguez, 2015).

La gran lección que nos deben dejar estas elecciones es que la epistemología política de la democracia no debiera obedecer a lógicas mercantiles de adquisición, sino más bien al cultivo de la responsabilidad democrática, compartida entre ciudadanía e instituciones (Cuadernos de Teoría Social, 2021).