La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la Ley de Fraccionamiento con un contundente respaldo de 111 votos a favor, 18 abstenciones y 4 votos en contra. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca establecer una distribución más equitativa de cuotas entre sectores pesqueros artesanales e industriales, marcando un nuevo hito en la modificación de la cuestionada Ley Longueira.

Entre los cambios más significativos, la nueva normativa propone una distribución del 80% para el sector artesanal y 20% para el industrial en la pesca de anchoveta y sardina española entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo. Además, establece nuevos porcentajes para otras especies marinas, buscando una distribución más equitativa de los recursos.

El ministro de Economía, Nicolás Grau, presente durante la votación junto al subsecretario de Pesca, Julio Salas, calificó la jornada como "histórica" y destacó que están "cumpliendo un compromiso programático del presidente Boric" para lograr un equilibrio entre los sectores artesanal e industrial.

El presidente de la Comisión de Pesca, diputado Jorge Brito (FA), destacó el amplio proceso participativo desarrollado: "Agradecer a las caletas del país y a los pescadores artesanales. Una docena de buses vinieron y la verdad es que no vinieron a quemar ni a hacerle daño a nadie, vinieron a defender el trabajo que esta Corporación hizo".

La diputada Daniella Cicardini (PS) calificó la votación como histórica, señalando que representa "un antes y un después de una mancha histórica que lleva este Congreso Nacional a propósito de una ley corrupta", en referencia a los casos de cohecho que involucraron a exlegisladores como Jaime Orpis y Marta Isasi.

Empleo: el argumento de los industriales

Por su parte, la diputada Candelaria (PC) cuestionó el discurso de la industria sobre posibles despidos: "Han generado un miedo innecesario entre sus trabajadores bajo la amenaza de despidos masivos y cierres de plantas. Sabemos que el espíritu de la ley se aleja mucho de aquello", manifestó, agregando que "se debe fortalecer la cadena productiva en la pesca artesanal, invirtiendo en las embarcaciones, en el traslado y el procesamiento en pequeñas plantas".

El diputado Ramírez (PC) reforzó esta posición señalando que "en el norte del país la empresa traspasa gran parte de su cuota de anchoveta al sector artesanal, como sucede con diversas pesquerías a lo largo del país, por lo que el aumento de la cuota artesanal es hacer justicia respecto a la realidad y dar certeza al sector artesanal".

Desde la oposición, el diputado Miguel Mellado (RN) también respaldó la iniciativa, comparándola con la PGU: "Este fraccionamiento es, a la Ley de Pesca que se está tramitando, como fue la PGU a la reforma de pensiones". El parlamentario destacó el potencial impacto en su región: "En la Araucanía hay 1.400.000 toneladas, el 60% está en la región y tiene el 1,2% de cuota. Si se aumentara la cuota como está en este momento, podrían haber, de las 7 embarcaciones que hay, pasar a 14 con 800 personas en mano de obra".

La parlamentaria Cicardini también abordó las preocupaciones sobre la capacidad operativa del sector artesanal: "Se ha estudiado largamente en las comisiones de pesca y de hacienda para estar acorde a lo que realmente hoy día necesita y es posible entregarle a la pesca artesanal", explicó.

Bobadilla busca la inconstitucionalidad

Durante la sesión, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) presentó una reserva de constitucionalidad sobre la indicación referente a la Merluza Austral, en un nuevo intento por frenar el avance de la iniciativa. Esta acción se suma a la fallida moción de censura presentada contra el presidente de la Comisión de Pesca, Jorge Brito, que fue rechazada con seis votos en contra, uno a favor y dos abstenciones.

El parlamentario oficialista calificó estas acciones señalando que "es evidente que como diputado el señor Bobadilla es un muy buen lobista de las 7 familias de la pesca industrial, es clave que esto haya quedado develado y por eso su propio partido no lo respaldó en la votación".

En tanto, Ramírez criticó duramente la postura del legislador Bobadilla: "Su intención de declarar inconstitucional la indicación con respecto a la Merluza Austral viene a reafirmar su defensa de los intereses industriales", señaló, agregando que esto "se contrapone a su votación en comisión donde aprobó gran parte del articulado".

La diputada Carolina Tello (FA) rechazó los intentos de obstaculizar la ley: "El diputado Bobadilla puede pretender dilatar este avance un poco más, sin embargo, mi opinión, tanto como diputada y abogada, es que este proyecto de ley cumple con el estándar normativo, por supuesto constitucional, y además genera una tremenda justicia para el pueblo de Chile".

Justicia, transparencia y desarrollo sostenible

Tello enfatizó que "la nueva ley de fraccionamiento no viene más que a hacer justicia respecto del corazón de lo que significó la corrupta ley Longueira", destacando el impacto en "400 mil familias que viven de la pesca artesanal" y señalando que esta era "una necesidad urgente que hoy permite tener justicia y recursos para que los pescadores y las pescadoras puedan desarrollarse y desenvolverse en sus caletas".

Finalmente, el subsecretario Salas enfatizó que la nueva normativa permitirá que la regulación pesquera se realice "de acuerdo a criterios de equidad y confiables para todos", agregando que "la certeza jurídica se construye con la confianza en las normas que se aprueban de manera transparente en el Congreso".