La caja negra del Estado: Capredena y el multimillonario escándalo de los $49 mil millones sin rastro
$15,9 billones de pesos involucrados en observaciones financieras entre 73 organismos fiscalizados entre 2020 y 2024 no es una cifra administrativa, es un indicador de falla estructural del Estado. La abstención generalizada de Contraloría para emitir opinión, por falta de “evidencia suficiente”, equivale a una declaración implícita de opacidad sistémica.
Max Weber advertía que la legitimidad del Estado moderno descansa en la racionalidad burocrática, es decir, en la capacidad de registrar, ordenar y justificar sus actos. Cuando esa racionalidad se rompe, no estamos ante un simple error técnico, sino ante una crisis de dominación legal-racional.
Capredena como epicentro
Que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional concentre el mayor descuadre financiero —$49.408.644.263— no es un hecho neutro ni aislado. Capredena administra pensiones financiadas en más de un 90% por el erario nacional, y otorga jubilaciones 3,2 veces superiores a las del sistema AFP, según la Fundación SOL(2025). A diciembre de 2024, pagó 104.067 pensiones, con un promedio de $1.412.774.
Aquí emerge una paradoja que Pierre Bourdieu habría identificado con claridad: un campo institucional altamente protegido, dotado de capital simbólico, pero escasamente permeable al escrutinio externo efectivo. La excepcionalidad previsional se combina con una débil rendición de cuentas, generando una zona de baja visibilidad estatal.
La desigualdad previsional como problema político
Entre 2005 y 2024, las pensiones promedio de Capredena aumentaron un 36% en términos materiales, pasando de $1.060.028 a $1.442.202. Un general del aire recibe en promedio $5.155.832, los coroneles $3.584.772, mientras que incluso los suboficiales mayores superan ampliamente el promedio del sistema civil.
Thomas Piketty ha insistido en que las desigualdades persistentes no se sostienen solo por mecanismos económicos, sino por decisiones políticas cristalizadas en instituciones.
La arquitectura del desorden
Las observaciones detectadas son múltiples y graves:
$18.121.571.645 en pagos no devengados presupuestariamente al 31 de diciembre de 2023, sin análisis de origen.
$5.222.053.817 asociados a recursos del Centro de Salud sin control adecuado, sujetos a restitución.
$2.692.844.081 en ingresos pendientes de recuperación, sin gestiones de cobro acreditadas.
$13.763.611.366 en deudas entre 2019 y 2023 aún pendientes.
$9.608.563.394 correspondientes a deudas entre 1995 y 2018, sin respaldo y potencialmente prescritas.
Gobernanza civil y tutela militar
El consejo directivo de Capredena está encabezado por la ministra de Defensa, Adriana del Piano, secundada por el vicepresidente ejecutivo, Andrés Culagovski. Asimismo, el consejo está integrado por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Guillermo Altamirano; el director general de Personal de la Armada, Mauricio Arenas; el comandante del Comando de Personal de la FACh, Andrés Leiva; el comandante de Bienestar del Ejército, Miguel Pérez; el director de Bienestar Social de la Armada, Fernando Reyes; y el jefe de la División de Bienestar de la FACh, Ricardo Valladares.
Esta composición revela una tensión no resuelta entre control civil formal y autonomía corporativa real.
Samuel Huntington sostenía que la profesionalización militar debía ir acompañada de subordinación efectiva al poder civil. Sin embargo, cuando las estructuras administrativas permanecen cerradas, con supervisiones internas que no detectan —o no quieren detectar— grietas de décadas, el control civil se vuelve nominal.
La transversalidad del problema
Fonasa ($857.414.188), Junji ($750.289.759), Injuv ($795.376.818), Serviu Metropolitano ($743.035.958), IND ($726.051.388) y ANID ($550.340.866) completan un top ten que muestra que el problema no se restringe al sector Defensa. Como señalan fuentes internas de Contraloría, se trata de algo “transversal”.
Cuando la gestión pública se convierte en mera inercia procedimental, sin control sustantivo, la legalidad se vacía de contenido.
Conclusión
Lo que emerge no es simplemente una suma de irregularidades, sino un patrón de tolerancia institucional al desorden, especialmente grave cuando involucra recursos públicos de magnitud histórica y sistemas previsionales altamente desiguales.
La pregunta de fondo no es solo cuánto dinero está mal registrado, prescrito o pendiente de cobro, sino qué tipo de Estado se está dispuesto a sostener, uno capaz de auditar incluso a sus instituciones más sensibles, o uno que acepta zonas grises por razones históricas, políticas o simbólicas.
Como advertía Norberto Bobbio, la democracia se juega menos en los grandes discursos que en los mecanismos cotidianos de control del poder. Cuando esos mecanismos fallan, el problema ya no es técnico, es profundamente político.
