Una mujer fue detenida en dictadura el 20 de septiembre de 1973, cuando tenía siete meses de embarazo.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, durante su arresto, fue llevada por la Policía de Investigaciones de Chillán, donde fue sometida a interrogatorios, torturas y violencia física.

Incluso después de dar a luz el 5 de octubre de 1973, esta mujer continuó siendo torturada y sufrió malos tratos, lo que le provocó graves secuelas físicas y emocionales.

Su hija fue entregada a su madre, y la mujer tuvo que permanecer en el cuartel policial, sin poder estar con su bebé durante las primeras semanas de vida.

Después de años de sufrimiento y lucha, el Tercer Juzgado Civil de Santiago falló a su favor. La corte condenó al Estado a pagarle una indemnización de $80.000.000 por el daño moral causado por su detención, tortura y el impacto que estos eventos tuvieron en su vida.

Durante el juicio, se presentaron pruebas que confirmaron las secuelas psicológicas que aún afectan a esta mujer, incluyendo un informe psicológico emitido por el Codepu, que documentó el trauma extremo que ella experimentó y cómo esto ha afectado no solo su salud mental, sino también a su familia.

El tribunal rechazó las defensas del Estado, que intentaban argumentar que la mujer ya había recibido compensaciones a través de otros beneficios, como pensiones y reparaciones simbólicas.

Sin embargo, la jueza determinó que estos pagos no eran incompatibles con la nueva indemnización y que el sufrimiento de esta mujer merecía una compensación adicional.

Además, la sentencia estableció que el monto fijado se reajustará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se le añadirán intereses si el pago se demora.