En septiembre de 1973, un ciudadano francés de 23 años, fue detenido en el Hotel Gran Palace de Santiago por Carabineros de Chile.

Junto a otros detenidos, fue trasladado a una comisaría y luego al Estadio Nacional, donde fue sometido a torturas físicas y psicológicas.

Durante su cautiverio, el ciudadano francés sufrió golpes, amenazas constantes, condiciones de alimentación precarias y múltiples interrogatorios.

Las secuelas físicas incluyeron bronquitis aguda y contusiones, mientras que en el ámbito psicológico padeció pérdida de memoria postraumática, insomnio y angustia.

Después de 14 días de detención, gestiones de su familia lograron su liberación el 27 de septiembre de 1973, y fue inmediatamente trasladado a la embajada de Francia antes de ser expulsado del país.

Décadas después, este ciudadano francés decidió llevar su caso ante la justicia chilena, buscando una compensación por el daño moral causado durante su detención y tortura.

En julio de 2024, el Séptimo Juzgado Civil de Santiago falló a su favor, condenando al fisco a pagarle una indemnización de 15 millones de pesos.

La jueza Paulina Valenzuela Negrete determinó que los crímenes cometidos por agentes del Estado contra el ciudadano francés constituyen violaciones a los derechos humanos, calificadas como crímenes de lesa humanidad.

El fallo también rechazó los argumentos del fisco, que intentaba evitar la compensación alegando prescripción del caso y que el ciudadano francés ya había recibido otras reparaciones del Estado.

Sin embargo, la Corte concluyó que estas compensaciones no excluyen su derecho a recibir una indemnización adicional por el sufrimiento físico y psicológico que ha perdurado durante años.

La jueza destacó que los daños causados, tanto físicos como emocionales, justifican plenamente la indemnización otorgada.