El pasado 28 de septiembre el Presidente Gabriel Boric anunció los ejes centrales de la Ley de Presupuesto 2025 que tendrá como particularidad el aumento del 2,7% del gasto público.

Según aludió el mandatario, esta alza se justifica en la consolidación de proyectos de “seguridad pública, seguridad económica y seguridad social”, para lo que el gobierno dispondrá de “nuevos recursos para ir más allá”. 

En ese contexto, los gobiernos regionales juegan un rol fundamental para llevar a cabo la ejecución del presupuesto en las distintas materias comprometidas. De hecho, la partida asociada a las gobernaciones, para este 2025, asciende a los 1,9 billones de pesos.

El dato no es menor considerando que este 27 de octubre se realizarán las elecciones regionales que determinarán la continuidad o la elección de nuevos gobernadores que, entre otras funciones, tienen la potestad de proponer un el proyecto presupuestario anual ante el consejo regional. 

¿Cuántos recursos recibirán las gobernaciones?

Aunque el presupuesto regional aún no ha sido visado por el Congreso —instancia que podría hacer correcciones a las partidas— el gobierno ya presentó su propuesta en la que se dejan ver los números que se manejan para este ítem del presupuesto 2025. 

De forma general, la partida indica que, en total, se propone un presupuesto para los 16 gobierno regionales de un total de $1.949.445.380.000 el cual está compuesto por $127.512.592.000 por transferencias corrientes y 1.821.932.788.000 de transferencias de capital. 

En cuanto al ranking de los gobiernos regionales que más recibirán por concepto de programas de inversión —la glosa que más entrega recursos—, el primer lugar lo obtiene la Metropolitana con $196.289.449.000. En la región, para estas elecciones son tres las principales cartas que disputarán el cargo de gobernador: Claudio Orrego, apoyado por el oficialismo, Francisco Orrego, candidato de Chile Vamos, y Macarena Santelices, del Partido Republicano. 

En segundo lugar aparece La Araucanía con un presupuesto regional de $182.450.235.000. Actualmente la región es gobernada por el independiente por Chile Vamos, Luciano Rivas, y compiten César Augusto Vargas Zurita, Partido Social Cristiano e Independientes; Luis Alberto Penchuleo Morales, Frente Amplio; Pablo Díaz Salazar, PDG; René Saffirio Espinoza, independiente; y Jorge Claudio Retamal Rubio también independiente. 

En tercer lugar aparece Antofagasta con un presupuesto de inversión de $134.331.520.000. La región, actualmente liderada por Ricardo Díaz, apoyado por el FA, tendrá también como competidores a Carolina Moscoso Carrasco, del Partido Social Cristiano; Marcela Hernando, del Partido Radical; Paola Debia; del PDG; Carlo Arqueros; del Partido Republicano; Carlos Cantero Ojeda, Chile Vamos; y los independientes Fabián Ossandón Briceño y Alejandro Álamos Úbeda. 

Más abajo aparece el Biobío con una partida presupustaria de $123.839.314.000 y que tiene de candidatos a Sergio Giacaman, Chile Vamos; Fernando Peña, del Partido Republicano; Luciano Silva, Partido Social Cristiano; Mirtha Encina, Partido de la Gente; Ana Araneda, Demócratas; Alejandro Navarro, apoyado por Regionalistas Verdes; y Javier Sandoval, del Partido Igualdad. 

Cabe recordar que el actual gobernador, Rodrigo Diaz, no repostulará al cargo debido a que está siendo investigado en el marco del caso Convenios. 

El listado con las gobernaciones regionales que recibirán más de 100 mil millones lo completan las regiones del Maule, Los Lagos, Valparaíso, Coquimbo y O 'Higgins. (Revisa el detalle en la siguiente tabla y los candidatos en este enlace).

La lección que no se aprendió con el caso Convenios

Al igual que otras instituciones, las gobernaciones regionales del Maule, Biobío, Ñuble, entre otras, fueron salpicadas por el llamado caso Convenios. Y aunque el gobierno anunció una agenda para elevar el estándar de transparencia y probidad para velar el buen uso de recursos públicos, lo cierto es que tres expertos coinciden en que se ha avanzado poco en esta agenda y que no se han obtenido los resultados esperados.

Consultado por El Desconcierto, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, sostiene que la agenda impulsada por el gobierno para evitar que se repliquen situaciones como las vistas en el Caso Convenios —en que se vio cómo gobiernos regionales traspasaron recursos a fundaciones sin ningún tipo de fiscalización—, “no ha logrado tener resultados concretos en los cambios que se necesitan para evitar que estas situaciones ocurran”.

“Hoy día una de las cuestiones más relevantes es justamente establecer una ley general de transferencias, que si bien fue ingresada, hoy día no ha tenido ningún avance y algunos temas han sido sólo resueltos por vía de la ley de presupuestos, lo que tiene efecto sólo sobre un año y no regula de forma permanente los problemas estructurales que genera la discrecionalidad del uso de los fondos públicos por esta vía”, sostiene Figueroa. 

Análisis similar hace el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, quien señala que “si somos honestos, tenemos que decir que nada de lo que permitió y ha permitido los grandes desfalcos de dinero en el mundo municipal y en las gobernaciones, ha cambiado. Y eso es porque no ha habido voluntad de hacerlo, sino porque a los políticos les cuesta renunciar al poder, a las facultades discrecionales que les permiten financiamientos espúreos, y más”.

Y añade: “Han habido cambios cosméticos, mínimos, nada que muestre un real interés de cambiar las cosas y prevenir fraudes de cara al futuro. Por eso, cada vez que un gobierno anuncia un proyecto de ley o una comisión, yo me asusto, es la técnica que se usa para meternos el dedo en la boca y no hacer nada. Y no ha sido sólo este, que más bien se ha asimilado a las malas prácticas existentes en Chile en la política al menos en los últimos 20 años. Muchas palabras, muchos anuncios, pero ninguna acción. Y la complicidad de muchos que pudiendo levantar el tema, no lo hacen”.

Por su parte, Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública UDP, afirma que efectivamente “el estándar para las transferencias de fondos a fundaciones particularmente, sobre todo para que los mecanismos fueran más transparentes, y al mismo tiempo se subieron las exigencias en lo que a tratos directos se refiere”, por lo que “se sofisticó más la normativa presupuestaria y se actualizaron los clasificadores presupuestarios que son más específicos en torno a la transferencias de recursos a organizaciones sin fines de lucro”

Sin embargo, asegura Espinoza, estos esfuerzos serían insuficientes ya que “lo que hay que fortalecer son los mecanismo de control, especialmente cuando hablamos de regiones”. 

“Al día de hoy, de los 2.100 funcionarios que trabajan en los 16 gobiernos regionales, alrededor de 40 se dedican a lo que es control interno. Y no digo 40 refiriéndome a un promedio regional, sino que 40 a nivel nacional. Ese volumen de personal es insuficiente”, añade Espinoza que hace hincapié que tampoco está la “espalda” suficiente por parte de Contraloría para fiscalizar todas las instituciones. 

​​”El gran desafío pendiente está en materia de regionalización, pero vinculado a los mecanismos de control interno y también a la espalda institucional de Contraloría, particularmente en las regiones”, sentencia.