Momentos complejos vive el país en materia policial, y es que diversos incidentes que se registran de hace varias semanas preocupan a las autoridades ejecutivas y legislativas. Algunos de los últimos refieren a balaceras en barrios altamente concurridos, como Meiggs, y otros a la delicada situación de seguridad en centros hospitalarios.

Incluso, la ministra del Interior, Carolina Tohá, salió airosa de la acusación constitucional que enfrentó en la Cámara de Diputados luego que el ex general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, renunciara a la institución y fuera formalizado por omisión en apremios ilegítimos en el contexto del estallido social.

Pero las discusiones sobre cómo mejorar la sensación de inseguridad de la ciudadanía continúan, particularmente en el Palacio de La Moneda, en donde se celebró un nuevo Gabinete Pro Seguridad esta vez con los subsecretarios de Interior y Prevención del Delito, Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, respectivamente, y la ministra de salud, Ximena Aguilera, entre otros.

Estos últimos son especialmente relevantes en el marco del trabajo conjunto que las distintas carteras llevan adelante para acelerar la tramitación del fast track en seguridad, para materializar una eventual reforma al sistema político y para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Incidentes violentos en centros de salud comunitaria

En este segundo tiempo en términos de seguridad, la administración de Gabriel Boric ha puesto sus esfuerzos no solo en aumentar la dotación y los equipos a las policías, sino también en fortalecer el plan Calles Sin Violencia y las alianzas con los municipios para robustecer la base de datos de los movimientos delictuales.

No obstante, los últimos días se han visto momentos críticos como nuevas encerronas, turbazos con víctimas fatales y una de las cuestiones que más inquietud genera: la necesidad de funcionarios capacitados frente a las amenazas y conflictos violentos en el interior de Centros de Salud Familiar comunitaria, o Cesfam.

Estas circunstancias se han reiterado el último mes en la Región Metropolitana. Ejemplos concretos de ello fue lo que se vivió en el consultorio de Bajos de Mena en Puente Alto, hasta donde llegó un grupo de sujetos a amenazar al personal de salud con iniciar un tiroteo si le salvaban la vida a una niña herida por una bala.

Otro ejemplo más reciente fue lo que sucedió en Renca, en donde otro individuo que posteriormente fue detenido intimidó con un arma a los trabajadores del cesfam local, lo que finalmente abrió el debate respecto de la posibilidad de implementar una fuerza de seguridad para recintos hospitalarios o colocar un cuerpo de Carabineros para ese propósito.

Gobierno comprometió presencia policial "desde ya"

Consultada sobre esto mismo después de finalizar el Gabinete Pro Seguridad, la titular de Interior respondió que "llevan tiempo desarrollándose medidas de distinto tipo, pero en el último tiempo ha quedado en evidencia que es necesario reforzar ese esfuerzo".

Por lo mismo, el equipo de ministros y subsecretarios le propuso al Presidente "un plan que contiene un conjunto de acciones y líneas de trabajo, que abarca desde el entorno de los consultorios, las instalaciones mismas, el trabajo con los funcionarios, el trabajo con la comunidad".

"Es importante la comunidad porque los funcionarios no sólo están expuestos a ataques violentos cuando hay personas, por ejemplo, que están heridas de bala producto de un enfrentamiento, sino que permanentemente reciben agresiones de otro tipo por parte de personas que son usuarias", criticó la secretaria de Estado.

"Para eso requerimos un tipo de seguridad en los recintos distinta del que hemos conocido habitualmente (…) Lo primero es conocer bien dónde están los mayores riesgos. Se ha hecho un trabajo que ya está muy avanzado, mirando todos los consultorios del país", especificó.

Asimismo, la jefa de la cartera detalló que se han establecido cinco categorías de riesgo y que ese trabajo tiene que complementarse con información fidedigna proporcionada por autoridades locales y otras entidades entendidas en la materia.

"En base a esa categorización, y a la urgencia que tiene este tema, mientras se implementan otras medidas, el Presidente ha dispuesto que establezcamos para los centros de salud que están en categoría de riesgo extremo o muy alto, medidas de presencia policial 24 horas o nocturnas, desde ya", aseguró Tohá.

Con todo, la ministra agregó que "esto no puede ser una situación permanente porque las dotaciones policiales son escasas en todas partes y este tipo de presencia absorbe una gran cantidad de personal", pero que tomarán dos medidas complementarias.

"Una es que el Presidente de la República va citar a una reunión con los integrantes de la comisión de Defensa del Senado y la comisión que la Cámara asigne para revisar la infraestructura crítica", y por otro lado la autoridad prometió que realizarán "estudios de seguridad en un par de centros de salud, los que nos parezcan más riesgosos, para ver la factibilidad de la contratación de vigilantes privados", complementó.