Tras el cierre de la siderúrgica Huachipato, donde trabajaban miles de personas de la región de Biobío, el ministro de Economía, Nicolás Grau, presentó un plan para revitalizar la industria regional. Este plan prioriza algunos proyectos productivos que han generado largos conflictos socioambientales con comunidades de distintos sectores de la región.

Tierras raras

Uno de los proyectos a priorizar según el plan es una mina para explotar tierras raras en Penco. Se trata de un proyecto que cuenta con cinco tramitaciones ambientales fallidas y que la empresa Aclara volvió a ingresar a evaluación por sexta vez en junio.

El Consejo Regional (Core) de Biobío había rechazado recientemente el proyecto por 17 votos, lo que se suma a pronunciamientos del Consejo de Monumentos Nacionales que alertaba deficiencias en la información arqueológica entregada, y de Conaf que detectó la presencia de Naranjillo en el bosque a intervenir, considerándolo por lo tanto como un “bosque de conservación”.

El crecimiento de industrias como la de fabricación de generadores eólicos, la electrónica y la de autos eléctricos ha aumentado la demanda del mundo por tierras raras: 17 elementos químicos de la tabla periódica que pueden extraerse de la tierra.

Otra hidroeléctrica para el Biobío

Otro proyecto mencionado en el plan es la central hidroeléctrica Rucalhue, que sería la quinta infraestructura de este tipo en el río Biobío.

Se trata de un proyecto al que las comunidades se han opuesto desde su evaluación, y que en 2023 obtuvo su permiso ambiental para construirse en el río Truful Truful, vecino del parque Conguillío y sitio donde las machi de toda la comuna van a recolectar hierbas medicinales.

El proyecto estaba trabado ya que para su construcción requiere talar especies de guindo y naranjillo, que son árboles endémicos de Chile en estado vulnerable de conservación. Sin embargo, Conaf habría autorizado a la empresa a talar estas especies.

A raíz de ello, comunidades mapuche y organizaciones sociales presentaron en junio un recurso contra la institución, que se tramita en la Corte de Apelaciones de Concepción. Afirman que no se hizo consulta indígena antes de avalar la corta de especies protegidas.

Gasoducto

El plan también prioriza la construcción de un terminal marítimo para recibir y almacenar gas natural licuado además de un gasoducto marítimo y un enlace para un gasoducto terrestre en Penco y Lirquén.

El proyecto llevaba una década de conflictividad con comunidades de la región, que interpusieron decenas de observaciones y reclamaciones, que fueron rechazadas en 2023 por el Comité de Ministros, que dio luz verde al proyecto.

En dicha ocasión, no solo las comunidades y organizaciones ambientalistas protestaron sino también los alcaldes de Penco y Talcahuano, que calificaron la aprobación del proyecto como "incomprensible” y una traición a la propuesta de gobierno ecológico.