En abril de 1989, dos jóvenes militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fueron víctimas de un engaño mortal.

Un agente encubierto de la Central Nacional de Informaciones (CNI) se infiltró en el grupo, haciéndose pasar por un aliado.

Este agente citó a ambos militantes en la calle San Pablo, en Quinta Normal, con la promesa de unirlos a un comando de resistencia.

Sin embargo, cuando llegaron al lugar, los agentes de la CNI los emboscaron. Uno de los hombres murió en el acto, mientras que el otro fue gravemente herido y falleció meses después, en septiembre de ese año.

El ataque no solo fue premeditado, sino que los agentes intentaron disfrazarlo como un enfrentamiento legítimo.

Tras el tiroteo, manipularon la escena para hacer parecer que los dos hombres estaban colocando explosivos y que, en defensa propia, los agentes tuvieron que dispararles.

Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que todo había sido una emboscada, planificada con el único objetivo de eliminar a estos opositores al régimen militar.

Tras años de investigaciones, la Corte Suprema ratificó recientemente la condena de cinco exagentes de la CNI por estos crímenes.

Hugo César Acevedo, Raúl Farías, Víctor Caro y Jorge Rivas fueron condenados a 15 años de prisión, mientras que Luis Sanhueza recibió una pena de 10 años.

La Corte desestimó los intentos de las defensas por anular las condenas, considerando que estos crímenes son delitos de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben con el tiempo.

Además, en el ámbito civil, se confirmó una indemnización de 40 millones de pesos para los padres de uno de los hombres, y otros 20 millones para su prima.