Una mujer fue detenida el 13 de octubre de 1975 por agentes de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) durante la dictadura en Chile.

En ese momento, ella era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La mujer fue llevada a varios centros de detención donde fue sometida a torturas físicas y abusos sexuales. Estas experiencias dejaron en ella secuelas graves tanto físicas como emocionales.

Durante casi un año, sufrió dolor constante, malos tratos y violencia que afectaron su salud de por vida.

Después de su liberación, en septiembre de 1976, aún era perseguida y vigilada por agentes del Estado, lo que la obligó a irse al exilio en Francia hasta 1989.

Tras años de sufrimiento, esta mujer decidió demandar al Estado por el daño moral causado por estas violaciones a sus derechos humanos.

Presentó pruebas de las secuelas que estas torturas dejaron en su cuerpo y su mente, como problemas articulares, sordera y un dolor crónico conocido como fibromialgia, además de los traumas psicológicos que la han acompañado desde entonces.

El tribunal de primera instancia le otorgó una indemnización de $50.000.000 por el daño moral que sufrió, pero la mujer apeló buscando una mayor compensación debido a la gravedad de los abusos.

La Corte de Apelaciones de Santiago revisó el caso y decidió aumentar la indemnización a $100.000.000, reconociendo que los crímenes que sufrió son de lesa humanidad, lo que significa que no prescriben y deben ser reparados por el Estado.

"Se fija en la suma de cien millones de pesos la indemnización por concepto de daño moral que deberá pagar el Fisco de Chile a la demandante, debido a la gravedad de las torturas y abusos sufridos, y las secuelas físicas y psicológicas que han afectado a la víctima a lo largo de su vida", señalaron en el fallo judicial.