El Desconcierto comprobó en terreno que la Universidad Bolivariana, en la práctica, no tiene sede pública o que se pueda llegar con una referencia general. En su web, donde señalan tener 35 años de experiencia, informan que sus sucursales en Santiago están ubicadas en Avenida Santa María, en Providencia y en calle Huérfanos, en Santiago. Ambas son casonas hoy a la venta y la única referencia que hay de plantel es una página en Facebook, donde informan de los egresados de la carrera de Derecho.

En agosto pasado, informamos que la Universidad Bolivariana, desde el mes de abril del año 2022 quedó sin acreditación y en octubre de ese año aceptó la “supervisión” del Consejo Nacional de Educación (CNED), donde desde noviembre del mismo año comenzó a pedir que les dieran nuevos cupos para poder avanzar en mejorar su oferta académica y planes curriculares, sin obtener resultados positivos.

Estos diálogos y peticiones se extienden en distintos oficios durante todo el año 2023, y fueron analizados por el CNED y desechados definitivamente ese mismo año.

Específicamente el rechazo se mantuvo en el primer semestre de 2024, es decir, el plantel lleva dos años solicitando “ayuda” desde el Estado, sin demostrar absolutamente ningún cambio curricular, nuevas fortalezas académicas y mejoras reales en su infraestructura.

Asimismo, en las resoluciones del CNED se ordenó que en agosto pasado se realizara una visita inspectiva, lo que fue rechazado por la entidad académica, presentando un recurso de protección ante la Corte de Santiago, el cual aún está en tramitación.

En agosto último, este medio conversó con la presidenta del Consejo Nacional de Educación, Luz María Budge, una de las cuatro instituciones que están en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, junto a la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), la Superintendencia de Educación Superior, y la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación.

En ese diálogo, Budge explicó cuánto tiempo más tiene esta institución para demostrar que no es “una universidad de papel”, cómo le dará las herramientas a los estudiantes para que terminen sus carreras y si podrá acceder, en el año 2025, a abrir nuevos cupos para que estudien más jóvenes, principalmente provenientes de la educación municipal pública.

Aunque dejó claro que cambios significativos no había habido desde 2022 y ahora el debate se había judicializado.

La casa central “fantasma”

En la página web de la Universidad Bolivariana (https://ubolivariana.cl/sedes/), se asegura que la casa central está ubicada en la Avenida Santa María N° 1926, pero una simple mirada al lugar demuestra que esa casona hace meses que no está disponible y más bien, ya se inició su corretaje para ser arrendada o vendida para otros fines.

Situación similar ocurre con la “sede Facultad de Derecho - Santiago”, que la web informa está emplazada en calle Huérfanos N° 1721, pero que ya no es nada referido de la UB, y ahora figura como una propiedad privada, sin letrero o nada parecido a un plantel de educación superior.

Asimismo, el “cambio de sede”, sólo fue informado a través de la página de Facebook de la entidad académica (https://www.facebook.com/share/tCH9v4AWBk5r4rB4/?mibextid=LQQJ4d), que el 24 de mayo aseguraba que desde el 27 de ese mes, “estaremos funcionando en la nueva sede, ubicada en calle Padre Miguel de Olivares 1625 (entre calles Dieciocho y Manuel Rodríguez).

El mensaje agrega: “Las clases y la atención de la escuela será en esta nueva dirección".

El Desconcierto llegó hasta esta “nueva sede”, y el panorama vuelve, al menos, a ser cuestionable para un plantel de educación superior que otorga, por ejemplo, egresos de licenciados en Derecho y Ciencias Jurídicas, título que luego entrega la Corte Suprema, ya que en el lugar, salvo una reja y una puerta de libre acceso, no hay ninguna indicación o cartel que informe que se trata de la Universidad Bolivariana.

Las titulaciones mostradas vía Facebook

Esa simple inspección de nuestro medio, también deja preguntas sobre los estándares que se están usando en una universidad que lleva dos años de supervisión del Consejo Nacional de Educación.

Esto, porque una mirada a la misma página de la red social demuestra que lo único que se informa es que se están titulando, en promedio, cada 15 días, dos a tres estudiantes de Derecho, lo que luego se acompaña luego fotografías de ellas y ellos, en el pleno de la Corte Suprema, cuando reciben el cartón en el Salón Pleno del Palacio de Tribunales de Justicia, los viernes por la mañana.

Asimismo, hay fotografías de funcionarios judiciales que reciben su título de abogado con el presidente del máximo tribunal del país (en 2003 era el ministro Juan Eduardo Fuentes) y también funcionarios policiales recibiendo el título profesional de abogada o abogado.

No hay referencia alguna a horarios de clases, ramos, contenidos, charlas expositivas, webinar o clases online u otra materia propia del devenir de una Facultad de Derecho o, en este caso, de una casa central, ya que cuando consultamos por qué dependencias funcionaban en la casona de Miguel de Olivares, también se nos dijo que era la “actual casa central Universidad Bolivariana”.

En las dos a tres horas que estuvimos en el lugar, al mediodía, no ingresó nadie en calidad de estudiante y solo salieron y volvieron un par de funcionarios en su hora de colación.

Recordemos que El Desconcierto, en una primera edición sobre este caso, describió cómo el dueño de las sociedades comerciales controladoras de la universidad, Carlos Cáceres Valdebenito, fue denunciado ante la Fiscalía RM Oriente y la Superintendencia de Educación por “rápidos e inesperados” cambios en su junta directiva, y no rendir cuentas de sus dineros y balances.

Una serie de acciones legales y denuncias como escrituras públicas express, contratos con Sociedades Anónimas de Garantías Recíprocas (SAGR), despidos y renuncias de altos directivos, junto a una deuda millonaria de arrastre que son parte de un complejo entramado que apuntan directamente al dueño de esta universidad, quien posee más de 40 sociedades comerciales vinculadas a la educación, el ya mencionado Carlos Cáceres Valdebenito.

Las resoluciones del CNED

En la primera resolución del Consejo Nacional de Educación del 18 de enero de 2023, el CNED señaló que “la universidad no presenta evidencia que permita fundamentar la autorización de matrícula de nuevos estudiantes, pues se identifican una serie de debilidades importantes que, a juicio de este organismo, no permiten otorgar garantías respecto al desarrollo de los procesos formativos. En efecto, la propia Institución declara que el modelo educativo no ha sido revisado ni actualizado en los últimos cuatro años, para verificar su concordancia con las necesidades y los resultados obtenidos por los estudiantes; tampoco sus programas, ni sus perfiles de egreso.

Tampoco se evidencian la estructura y medios idóneos para el desarrollo de los procesos formativos en los programas y modalidades para los que solicita autorización de matrícula”.

Ante lo cual transcurrió todo el año pasado sin poder tener ingresos por este concepto y “trabajando” para generar un “plan de mejora”.

Sin embargo, el 17 de enero de 2024, y tras una nueva petición de la universidad al CNED, el organismo público señala que el plantel para 16 carreras, partiendo por Derecho, enumera que el 11 de agosto de 2023, la Universidad solicitó 1.190 vacantes, o en subsidio 570 vacantes en esos plantes de estudio, con jornadas diurnas y nocturnas, con modalidad presencial y virtual (e-learning).

La universidad señala que “cuenta con las condiciones físicas y materiales para atender a 1.190 estudiantes nuevos y que las sedes de Iquique, Ovalle, Santiago y Los Ángeles cuentan con capacidad para albergar un total de 2.316 estudiantes”.

Y en esta petición, la entidad académica apunta a que “la negativa del Consejo Nacional de Educación a la solicitud de matrícula, le ha impedido encontrar nuevas fuentes de financiamiento, cubrir los costos operativos, e implementar el plan de mejora y, asimismo, menciona que la solicitud presentada reviste carácter de urgente, ya que la falta de ingresos por esta vía afecta la viabilidad del Proyecto Educativo”.

En el documento, el CNED critica punto por punto que la UB no logra demostrar todo lo que ofrece en su plan de mejora, y remata diciendo “ el plan se presenta valorizado en $1.140 millones y con planificación/calendarización de sus iniciativas.

Si bien la institución acompaña numerosos documentos, y en uno de ellos se describen las características del proceso que la universidad implementó para obtener el resultado que se presenta, en ninguno se hace referencia al análisis de los resultados del plan anterior, y de los últimos dos años de funcionamiento.

Sin embargo, en la web de la universidad, no se mencionan “nuevas matrículas”, pero sí se invita a ex alumnos y exalumnas a “retomar sus carreras de ingeniería en minas” e “ingenieria comercial”.

Por último, hay que recordar que la hoy tan conocida María Leonarda Villalobos, la abogada en prisión preventiva que grabó el polémico audio con Luis Hermosilla y Daniel Sauer, y que gatilló el mayor escándalo de corrupción de los últimos años, obtuvo su título en la Universidad Bolivariana, eso sí, aún en la hoy desaparecida sede de calle Huérfanos.