Una serie de acciones legales y denuncias están tomando cuerpo por varios cambios que se han producido en la cúpula de esta institución de educación superior desde su Casa Central, en Avenida Santa María N° 1926, en Providencia.

Escrituras públicas express, contratos con sociedades anónimas de garantías recíprocas, SAGR, despidos y renuncias de altos directivos, además de una deuda millonaria de arrastre, son parte de un complejo entramado que apuntan directamente al dueño de esta universidad y quien posee más de 40 sociedades comerciales vinculadas a la educación: Carlos Cáceres Valdebenito.

CNA

En octubre pasado, la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, informó que la Universidad Bolivariana, con la Universidad de Aconcagua, Universidad Los Leones y la Universidad Tecnológica de Chile INACAP, no estaba acreditada.

Aunque en la web de la Universidad Bolivariana tal situación se asume, no se precisa directamente pues solo se informa que: “desde el 28 de octubre, mediante oficio N°321/2022, que el Consejo Nacional de Educación, CNED, informó la incorporación al proceso de Supervisión de Instituciones de Educación Superior”.

Y agrega: “como Universidad, avanzamos – decididamente – hacia el objetivo final, de llevar nuestro Proyecto Educativo hacia la Acreditación Institucional, y para ello, debemos recorrer el proceso de autoevaluación de manera acuciosa, profunda y sistemáticamente, instalando en nuestra estructura organizacional, las políticas, mecanismos y procedimientos, necesarios para responder a los estándares de calidad que requieren los organismos reguladores y nuestros estudiantes, en sus distintos procesos formativos”.

Nuevas exigencias para operar

Desde octubre del año pasado que comenzaron a regir en el país los nuevos criterios de acreditación que miden la calidad de las instituciones de educación superior en Chile.

Las nuevas exigencias, que han sido preparadas durante más de dos años en colaboración con universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, ahora son obligatorias para todas las instituciones y, aquellas que no cumplan con los nuevos parámetros, se enfrentan al posible cese de sus operaciones.

En detalle, la transición a los nuevos criterios para las acreditaciones de la educación superior comenzó en 2019, cuando se identificaron 42 instituciones que nunca habían obtenido acreditación.

Hoy, la Universidad Bolivariana, al igual que las universidad de Aconcagua, Los Leones y Universidad Tecnológica de Chile INACAP, sigue en esa condición aunque siendo supervisadas en un proceso que, en el caso de esta casa de estudios denunciada, ha implicado un camino muy sinuoso de cambios, renuncias, denuncias cruzadas y acciones legales que evidencian profundos conflictos.

Junta Directiva

Fue en junio de este año que comenzaron a prenderse las luces de los cambios abruptos en la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana, cuando se informó que el abogado Aldo Díaz, del estudio jurídico de Ciro Colombara, patrocinaba una querella ante el Octavo Juzgado de Garantía.

El directorio de la UB se informó que dicha querella había sido interpuesta días antes por administración desleal y apuntaba a quien resulte responsable de operaciones entre dicha Universidad y Factop por $1.200 millones. Finalmente, la querella fue sorpresivamente retirada por el entonces Presidente de la Junta Directiva José Miguel Gatica, quien acusó que dicha acción se presentó sin su consentimiento abusado de un mandato judicial otorgado con otro propósito. Sin embargo, ese hecho dejó consecuencias:

Por una parte, la fiscalía generó una carpeta investigativa con RUC y RIT interno en manos del fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda y, por el otro, José Miguel Gatica, también representante legal de la universidad, fue reemplazado intempestivamente y sin consulta a la Junta Directiva.

José Miguel Gatica había llegado a ese puesto en enero de 2024 como hombre de confianza de Cáceres, no obstante, a la primera diferencia de criterio fue inmediatamente destituido de su cargo.

Antes de Gatica, hubo otro hombre de confianza de Carlos Cáceres a cargo de la UB: José Gregorio Pinto Maturana, quien a fines de diciembre fue desvinculado, como también recientemente otros dos “nombres históricos” de la Junta Directiva: Fernando Eitel Polloni y su hijo Gustavo Eitel Canales.

Estos tres ex UB son quienes fueron hasta la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Superintendencia de Educación a denunciar al controlador de la UB, Carlos Cáceres Valdebenito.

Las denuncias

Las denuncias apuntan a que los tres están “actuando en representación de la destituida Junta Directiva de la Corporación Universidad Bolivaria”.

Ellos acusan la comisión de los delitos de apropiación indebida y administración desleal, tal cual como antes lo había hecho el abogado Aldo Díaz en la querella que luego retiró pero que se volvió causa investigativa para el fiscal Felipe Sepúlveda.

El caso también llegó, el 11 de julio pasado, a manos de la Superintendencia de Educación.

En todos estos documentos, Pinto y los Eitel acusan que Carlos Cáceres Valdebenito diseñó en la Universidad Bolivariana  “una estructura que le permite obtener supuestas garantías en dinero y en UF para dar la apariencia de ser solventes económicamente ante el Consejo Nacional de Educación, CNED, y la Comisión Nacional de Acreditación, sin embargo, esas empresas son más “palos blancos” de Cáceres pues han sido creadas hace escasos meses con gente “de su confianza”.

El “ardid”, dicen los denunciantes, viene gestándose al menos hace un año, pero el 12 de junio quedó a la luz cuando en una escritura pública confirma el acta de una asamblea general extraordinaria de socios de la Corporación Universidad Bolivariana que Cáceres Valdebenito encabezó sin nadie más.

Allí, lo hace en representación del “Centro de Estudios de Tecnología y Comercio Marítimo de Chile, la Compañía Minera Ovalle Oriente SpA, STN SpA, Inversiones Capital Link SpA e Inverbank SpA”, todas empresas con fines de lucro, donde se acordó la remoción de José Miguel Gatica y el arribo de Juan Carlos Muñoz Donoso, administrador de empresas, como nuevo representante legal y nuevo presidente de la Junta Directiva.

Como ministro de fe aparece la firma del notario público Wladimir Schramm López en un documento fechado a las 16:11 horas en el repertorio 56566.

El gran problema y la posibilidad de la comisión de delitos, dicen los denunciantes, es que Cáceres conoce con anterioridad a Muñoz Donoso ya que, desde fines del año 2022, junto a Fabían Araos Sánchez es dueño de la empresa “MULTIGARANTÍA S.A.G.R”, con domicilio en Guardia Vieja 202.

Misma entidad que, el 15 enero de este año, le otorgó un crédito a Cáceres Valdebenito por 17.000 UF, es decir, más de $638 millones “para abrir una fianza técnica para la operación de la casa de estudios, siempre y cuando ustedes puedan acreditar una proyección de ingresos, basada en una real proyección de flujos”.

La tesis es que el prestamista que facilitó casi $639 millones en enero de este año, en junio, se vuelve el representante legal y presidente de la Junta Directiva de la UB.

Entre los documentos que se aportan a la denuncia penal y ante la Superintendencia de Educación están como pruebas correos entre Manuel Gallardo Cárcamo, vicerrector de Planificación y Desarrollo Institucional de la UB y Anely Ramírez Sanchez, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Educación, respondiendo el 16 de enero que le haga llegar “el apalancamiento” a la presidenta del CNED, Luz María Budge Carvallo.

Presunciones fundadas con que el CNED sabía desde principios de año que Muñoz Donoso era el prestamista de la UB y luego la cara visible de la misma universidad.

En otro de los documentos que se adjuntan en la denuncia penal se busca demostrar un entramado ya que se lee que, el 26 de diciembre de 2022, desde una casilla de correo electrónico asignada a la página www.carloscaceres.cl, Cáceres Valdebenito da instrucciones a un par de funcionarios de la UB para “constituir una SAGR”.

El objetivo: tener “dos socios al menos, esto es para comercializar certificados de fianzas y garantías de fiel cumplimiento, donde se debe declarar un capital inicial de 10.000 UF” y agrega entre paréntesis “se debe declarar en la fundación de la SAGR, yo lo puedo poner, pero no puedo aparecer con mi RUT en la SAGR, ya que el primer negocio lo contrataré yo”.

Por último, en el mismo correo, Cáceres envía los link de las instituciones públicas para la creación de la SAGR y remata:

“Si la puedes constituir hoy mismo, hacemos el negocio hoy. Trata de constituirla ante de las 11:00 horas, para cerrar el primer negocio a las 13:00 horas”. Todo los comentarios desde y hacia personas que supuestamente trabajan en la educación superior hace 35 años “sin fines de lucro”.

Así queda en evidencia el uso de estrategias legales para constituir una SAGR emisora de un titulo de respaldo financiero a la Universidad ante el CNED. Uno de esos sería precisamente el nuevo Presidente de la Junta Directiva de la Universidad Bolivariana nombrado por el polifacético empresario Carlos Cáceres Valdebenito.