En ese marco, el Desconcierto conversó con la presidenta del Consejo Nacional de Educación, CNED, Luz María Budge, una de las 4 instituciones que están en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, junto a la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, la Superintendencia de Educación Superior y la Subsecretaría de Educación Superior del MINEDUC.

La Universidad Bolivariana, desde el mes de abril del año 2022, quedó sin acreditación y en octubre de ese año aceptó la “supervisión” del CNED, donde desde noviembre del mismo año comenzó a pedir que les dieran nuevos cupos para poder avanzar en mejorar su oferta académica y planes curriculares.

Estos diálogos y peticiones se extienden en distintos oficios durante todo el año 2023, lo que son analizados por el CNED y desechados definitivamente a partir de enero de 2023 y reiterados esos rechazos en 2024, es decir, el plantel lleva dos años solicitando “ayuda” desde el Estado, sin demostrar ningún cambio curricular, nuevas fortalezas académicas y mejoras concretas en su infraestructura.

Recurso de protección

El Desconcierto accedió a las resoluciones del CNED, al recurso de protección de la UB a la Corte de Santiago y conversó con Budge para saber cuánto tiempo más tiene esta institución para demostrar que no es “una universidad de papel” y que les dará las herramientas a los estudiantes para que terminen sus carreras y podrá acceder en el año 2025 a abrir nuevos cupos para que estudien más jóvenes, principalmente provenientes de la educación municipal pública.

Recordemos que El Desconcierto, en una primera edición sobre este caso, describió como el dueño de las sociedades comerciales controladores de la UB, Carlos Cáceres Valdebenito fue denunciado ante la Fiscalía RM Oriente y la Superintendencia de Educación por “rápidas e inesperados” cambios en su Junta Directiva y no rendir cuentas de sus dineros y balances.

Una serie de acciones legales y denuncias como escrituras públicas express, contratos con sociedades anónimas de garantías recíprocas, SAGR, despidos y renuncias de altos directivos, junto a una deuda millonaria de arrastre que son parte de un complejo entramado que apuntan directamente al dueño de esta universidad y quien posee más de 40 sociedades comerciales vinculadas a la educación: Carlos Cáceres Valdebenito

Las resoluciones del CNED

En la primera resolución del Consejo Nacional de Educación del 18 de enero de 2023, el CNED señaló que “la Universidad no presenta evidencia que permita fundamentar la autorización de matrícula de nuevos estudiantes, pues se identifican una serie de debilidades importantes que, a juicio de este organismo, no permiten otorgar garantías respecto al desarrollo de los procesos formativos.

En efecto, la propia Institución declara que el modelo educativo no ha sido revisado ni actualizado en los últimos cuatro años, para verificar su concordancia con las necesidades y los resultados obtenidos por los estudiantes; tampoco sus programas ni sus perfiles de egreso.

Tampoco se evidencian la estructura y medios idóneos para el desarrollo de los procesos formativos en los programas y modalidades para los que solicita autorización de matrícula”. Ante lo cual pasó todo el año pasado sin poder tener ingresos por este concepto y “trabajando” para generar un “Plan de Mejora”.

Sin embargo, el 17 de enero de 2024, y tras una nueva petición de la UB al CNED, el organismo público señala que el plantel para 16 carreras, partiendo por Derecho, enumera que el 11 de agosto de 2023, la Universidad solicitó 1.190 vacantes, o en subsidio 570 vacantes en esos planes de estudio, con jornadas diurnas y nocturnas, con modalidad presencial y virtual (e-learning).

La Universidad señala que “cuenta con las condiciones físicas y materiales para atender a 1.190 estudiantes nuevos y que las sedes de Iquique, Ovalle, Santiago y Los Ángeles cuentan con capacidad para albergar un total de 2.316 estudiantes”.

Y en esta petición, la UB apunta que “la negativa del Consejo Nacional de Educación a la solicitud de matrícula le ha impedido encontrar nuevas fuentes de financiamiento, cubrir los costos operativos e implementar el Plan de Mejora y, asimismo, menciona que la solicitud presentada reviste carácter de urgente ya que la falta de ingresos por esta vía afecta la viabilidad del Proyecto Educativo”.

Críticas a la gestión

En el documento, el CNED critica punto por punto que la UB no logra demostrar todo lo que ofrece en su Plan de Mejora y remata diciendo “el plan se presenta valorizado en M$1.140 y con planificación/calendarización de sus iniciativas.

Si bien la institución acompaña numerosos documentos, y en uno de ellos se describen las características del proceso que la Universidad implementó para obtener el resultado que se presenta, en ninguno se hace referencia al análisis de los resultados del plan anterior y de los últimos dos años de funcionamiento.

Tampoco se acompaña información sobre consultas al entorno o el análisis de requerimientos del medio externo, ni análisis sobre los resultados del proceso formativo, la empleabilidad de los estudiantes o la pertinencia de la oferta académica.

Asimismo, no se detallan las fuentes de financiamiento que permitirán cubrir la implementación del Plan de Mejora y del nuevo Plan Estratégico, ni proporciona antecedentes que permitan comprender su estructura de costos y el resguardo de los recursos, considerando la compleja situación financiera que presenta.

Cierre de carreras

En esta misma línea, no se presenta información precisa sobre la decisión de cierre de sedes y carreras, ni tampoco respecto de la formalización del cierre de las carreras de pedagogía, más allá de la definición de una Política en esta materia y de las características del proceso que se deberá llevar a cabo”.

Con este mazazo, la UB espero que pasara el verano, y en marzo de 2024 insistió contra la prohibición de abrir matrícula apuntando a “un concurso para contratar

docentes que fue difundido en su página web y en redes sociales” donde más de 1.059 profesores (potenciales) postularon y se acompañan 1.170 curriculums de los que participaron en la convocatoria.

La UB agrega que “sobre transformación digital” adjuntó un instructivo con el procedimiento y las credenciales de acceso que da cuenta de los avances en la enseñanza no presencial”. 

Asimismo, sobre el Plan Estratégico y la actualización de las declaraciones, la institución reitera que cuenta con un proyecto denominado “Modelo de Planificación estratégica” y que desde “la llegada de los nuevos controladores se ha implementado un proceso de revisión y mejora que consideró el análisis del medio externo”.

La UB acusa al CNED que “la decisión (de enero de 2024) adoptada sería discriminatoria por cuanto el Consejo habría otorgado autorización para matricular a estudiantes nuevos a Universidades que no han cumplido con la entrega de sus planes de mejora” refiriéndose a los casos de la Universidad Aconcagua y el Centro de Formación Técnica LAPLACE.

A su vez, la UB acusa que se “habría omitido la fianza otorgada por el Sr. Juan Carlos Muñoz Donoso, gerente de Multigarantía S.A.G.R, información que fue enviada al CNED el 16 de enero de 2024” (ver nota de julio de El Desconcierto sobre el rol de Muñoz y luego su llegada a la presidencia de la Junta Directiva de la UB).

Por último, el 17 de julio de 2024, una vez más el CNED rechaza una nueva presentación de la UB, fechada el 8 de julio de 2024, mediante Oficio ORD. UB N°06/2024, donde la Universidad Bolivariana solicitó suspender el proceso de supervisión institucional -específicamente la entrega del Informe de Avance y la visita de acompañamiento programada-, atendido que presentó un recurso de protección en contra del Consejo Nacional de Educación, ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Recurso de protección de la UB 

La Universidad Bolivariana, patrocinada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz el mismo 8 de julio de 2024 ingresaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección contra el Consejo Superior de Educación, CNED acusándolo que sus resoluciones desde 2023 y en especial, la última de julio de 2024 ha actuado de forma arbitraria “ya que obedece al mero capricho y discrecionalidad” administrativa y violando el principio de igualdad ante la ley y la obligación de motivar sus actuaciones.

En el transcurso de la tramitación, los abogados de la UB intentaron suspender la supervisión del CNED que viene desde 2022 con una Orden de No Innovar, la que fue denegada por la Corte el 31 de julio pasado, y el viernes de la semana pasada, 16 de agosto, el tribunal de alzada capitalino dejó en espera para que la acción constitucional invocada se alegue en las próximas jornadas.

Presidenta del CNED y apoyo a alumnos

El Desconcierto conversó con la presidenta del Consejo Nacional de Educación, Luz María Budge para poder entender esta “supervisión” que llevan haciendo por más de un año y medio.

-¿Cuál es la preocupación al interior del CNED sobre la Universidad Bolivariana?

 -Para nosotros la preocupación de ésta y otras universidades parte desde el “depósito de confianza” que han puesto en ellas tanto los alumnos universitarios, como las familias de ellos, que en muchos casos son familias que están accediendo a la educación superior por primera vez en su familia. Nosotros entendemos que son universidades, que, de alguna manera, asumen a un público que no es un público que no está en las mejores condiciones de la selectividad. Son alumnos que muchas veces hacen esta opción en carreras vespertinas, en modalidades no presenciales, sea porque trabajan, sea porque tiene dificultades en compatibilizar sus vidas personales con sus vidas de estudio y desarrollo que les parece fundamental. Al Consejo, esa inversión, de dinero y de tiempo, le es tremendamente importante y estamos para “vigilar” que el derecho a la educación, que conlleva un montón de responsabilidades, tiene que ser una promesa de un mejor futuro, de movilidad social, de una mejor calidad de vida, o lisa y llanamente, de desarrollo profesional. Cuando una universidad no puede dar garantías que eso puede suceder, estamos en una posibilidad de riesgo. Pero no es el Consejo quien puede resolver el tema de las garantías, porque ese es el rol de la Superintendencia de Educación Superior y la Comisión Nacional de Acreditación.

 -¿Y por qué la UB le envía un día antes un correo con la supuesta garantía millonaria de la empresa Multigarantía S.A.G.R un día antes de la segunda resolución del CNED que ratificó la prohibición de abrir nuevas matrículas?

 -Lo que pasa es que nosotros vimos que fue “una promesa de garantía condicionada”, cosa que a nosotros como Consejo nos pareció que de alguna manera no teníamos antecedentes que nos permitieran cambiar la decisión de 2023 de rechazar la matrícula de nuevos alumnos. Y el rechazo, nosotros lo basamos, primero en que había múltiples debilidades en la forma en que estaba diseñada la oferta académica y en la estructura de los programas. Nosotros pudimos identificar que había problemas en el diseño de la oferta formativa y que las modalidades, de presencial a semi virtual o telemática, no estaban lo suficientemente fundamentadas. El Plan de Mejoramiento Institucional ellos lo entregaron en noviembre de 2022, pero luego lo retiraron y se reformuló sobre la base de las “observaciones o reparos” que el CNED les hizo, y eso volvió recién en marzo de 2023, pero evidentemente nos dimos cuenta de que faltaba información y volvimos a pedir más datos y “certezas”, donde volvimos a hacer recomendaciones, y pedimos una mayor cantidad de ajustes y más claridad respecto a cómo se iban a hacer todas las cosas que se tenían que hacer. Y ellos, a mediados de 2023 volvieron a pedir nuevas matrículas y les volvimos a pedir más antecedentes sobre cómo se iba a trabajar, y es por eso qué en enero de 2024 nuevamente se les rechazó la apertura de nuevos cupos o matriculas, ya que no vimos avances significativos.

-¿Ellos lo único que han hecho o argumentado qué solo con las nuevas matrículas podrían mejorar la gestión de la Universidad Bolivariana?

-No es rara la explicación, pero tiene una contradicción, porque no es posible que solo con los nuevos ingresos se pueda solventar lo que se ofrece que se va a mejorar, aunque llegaran a entrar mil personas nuevas a estudiar, evidentemente entraría un flujo de dinero significativo, pero cómo comprometo el desarrollo profesional de alguien si tengo “esta brutalidad de deuda” que tengo que pagar.

- ¿En noviembre de 2024, el CNED tendría que emitir una resolución sobre el futuro de la Universidad Bolivariana?

 -Al estar un recurso judicial pendiente, que además puede llegar a la Corte Suprema, no sabemos si eso va a llegar a pasar o no.

 -¿Y a ustedes como Consejo no les ha llamado la atención que el controlador de la UB, Carlos Cáceres haga tantos cambios abruptos en la Junta Directiva?

-La verdad es que el cambio de rector y de integrantes de la Junta Directiva daba cuenta que era necesario hacer cambios. Nosotros no podemos ser jueces sobre si esos son los cambios más adecuados o no, porque existe el principio de “autonomía” en la gestión estructural. Nosotros debemos llegar a juzgar los resultados de esos cambios, pero no podemos apropiarnos de esas medidas y margen de maniobras de las universidades. Lo que pasa es que para la Superintendencia de Educación Superior ha sido muy intenso el trabajo en este último periodo, pues múltiples planteles, universitarios y otros, han presentado números que resultan no ser los números reales, o se “caen muy rápido” y ponen en riesgo a miles de alumnas y alumnos. Estamos recién cerrando el CFT e IP “Los Lagos”, pero nos demoramos mucho, y es porque en general, son tantas las situaciones que se esconden detrás de estas “instituciones” que uno se demora en llegar a cuál es el peor de los males que están viviendo, y hay que “mantenerlas vivas” para que vayan teniendo un cierre voluntario y que eso signifique recolocar a las personas de la mejor forma o tenemos que llegar a los cierres forzados en los cuales el Estado tiene que incurrir en un montón de gastos también, y donde hay un castigo ya que los alumnos, muchas veces, ni siquiera tienen los registros de los cursos que han tenido en estos planteles sobre lo que han estudiado y lo que hace aún mucho más complejo recolocarlos en otros centros de estudios. Ya lo hemos vivido más de una vez y sabemos “lo caro” que es en dinero y “lo caro intangible” de esos jóvenes y familias de haber invertido en algo que era un sueño y luego se desmorona.

 -¿Hay mucha irresponsabilidad en quienes parten este tipo de proyectos educativos y que después siquiera tienen los estándares mínimos y que terminan siendo “vigilados” por el CNED y las otras instituciones de fiscalización”?

-Sinceramente cuando uno ve que universidades tan sólidas y estables como han sido la Universidad Austral o la Universidad Alberto Hurtado y de repente se ven con apreturas económicas importantes, uno dice, cuánto es atribuible a una mala gestión o cuánto es atribuible a una gran ambición de convertirse en una “mega-universidad compleja” o cuánto hay de ofrecer programas que a la larga no tienen un retorno tan validado por la gente y por lo tanto dejan de ser apetecibles. Yo no creo que haya mala intención, pero creo que hay ficciones que se dan entre lo que se estima y el definitivo “criterio de realidad”.