En un paso clave hacia la protección de los derechos de los consumidores, el Senado ha aprobado de forma unánime el proyecto que modifica la Ley N° 19.496, referente a la protección de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.

Esta iniciativa, que ahora pasará a tercer trámite constitucional, busca garantizar una mayor transparencia y acceso a planes y servicios más beneficiosos para los clientes.

Desde el senado destacaron que el proyecto ha sido complementado con nuevas disposiciones para que los proveedores de telecomunicaciones informen de forma clara a sus usuarios sobre planes alternativos que podrían representar un ahorro o mejores prestaciones.

Estos cambios incluyen la obligatoriedad de incorporar la información tanto en las boletas físicas como en aplicaciones electrónicas, algo que ha sido considerado esencial en la era digital.

La relevancia de esta modificación es palpable si se consideran las cifras entregadas por el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL).

Durante el primer semestre de 2018, el mercado de telecomunicaciones fue el tercero con más reclamos ante el SERNAC, representando el 15,7% del total, con más de 54.500 quejas, de las cuales más del 65% se resolvieron favorablemente para los consumidores.

Los servicios de telefonía móvil fueron los que concentraron más denuncias, representando el 40,6% de las quejas, seguidos por los servicios fijos de internet y televisión de pago.

Los principales motivos de los reclamos incluyen problemas de atención al cliente, inconvenientes en la facturación y cargos adicionales, y la baja calidad técnica de los servicios.

El proyecto de ley busca resolver estos problemas de fondo, estableciendo que los proveedores de telecomunicaciones deberán informar a los usuarios, sin costo adicional, sobre los nuevos planes o tarifas que les puedan convenir más.

Esta información se deberá entregar no solo a través de las boletas, sino también por correo electrónico o llamada telefónica, garantizando que los consumidores tengan todas las herramientas para tomar decisiones informadas.

Además, los proveedores estarán obligados a mantener actualizada la información sobre los precios y condiciones de sus servicios tanto en sus páginas web como en las aplicaciones electrónicas que utilizan para interactuar con sus clientes.

Este aspecto es clave en un entorno digital en constante cambio, donde las empresas deben adaptarse a los nuevos canales de comunicación para mantener la transparencia.