El 1 de octubre de 2024. Esa es la fecha límite que tiene el general director de Carabineros Ricardo Yáñez para dejar su cargo y también el día que será formalizado por el delito de omisión de apremios ilegítimos en el marco de las protestas de 2019. 

La máxima autoridad de Carabineros, como ya había adelantado el gobierno, deberá dar un paso al costado de la institución de forma prematura a raíz del denominado “criterio Tohá” que estableció la ministra del Interior y que dice relación con que las autoridades que sean formalizadas deben abandonar sus cargos para “no afectar las instituciones”. 

La situación se volvió definitiva luego de que el lunes de esta semana el 7º Juzgado de Garantía de Santiago rechazara la solicitud de aplazamiento de la audiencia de formalización presentada por la defensa del general y de los fiscales a cargo de la causa  Xavier Armendáriz y Ximena Chong. 

El rechazo del juzgado a la solicitud hizo eco de inmediato en La Moneda, donde los ministros se encargaron de confirmar el futuro de Yáñez; deberá presentar su renuncia ante el Presidente Gabriel Boric antes de ser formalizado. 

“No vamos a responder por los procedimientos judiciales. Pero lo que nosotros hemos dicho es lo que han señalado las autoridades del Ministerio del Interior, no hay ningún cambio ni innovación en el criterio a autoridades que sean formalizadas. Por lo tanto, no hay nada nuevo”, dijo la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, en referencia al denominado criterio Tohá. 

“Ante las formalizaciones, la solicitud es la renuncia, ese es el criterio establecido desde el primer día”, sentenció la secretaria de Estado. 

En todo caso, pese a la seguridad de las palabras de Vallejo, lo cierto es que en el Palacio de gobierno existía la expectativa de que la audiencia se aplazara más allá del 19 de noviembre, día en que expira el periodo de Yáñez como general director de Carabineros. 

Esto, en consideración de que aunque el tema ya estaba hablado entre Yáñez y el Presidente Gabriel Boric personalmente, el “costo” político de remover a la máxima autoridad policial hubiese sido menor tomando en cuenta la crisis de seguridad y las presiones de la oposición para “no debilitar” a Carabineros con un cambio en la alta cúpula de la institución. 

La decisión, sin embargo, está respaldada en el relato que ha remarcado el Ejecutivo que enfatiza que “las instituciones son más importantes que las personas” y que se ha expresado en otras situaciones como cuando el ex director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, fue removido luego de que se revelara su implicancia en el Caso Hermosilla. 

Las críticas de la oposición y el rol del Ministerio Público

Desde la oposición se expresaron duras críticas al Ejecutivo por perseverar en el polémico criterio, esto debido a que acusan que el Ministerio Público estaría “decidiendo el futuro” de autoridades por acusaciones que pueden resultar o no efectivas. 

Sumado a ello, el revés que sufrieron los fiscales Armendáriz y Chong en el caso Pio Nono —en el que fue absuelto el cabo Sebastián Zamora, recientemente integrado a Carabineros— sentó un mal precedente para la Fiscalía Centro Norte que lleva adelante la causa contra Yáñez. 

“Es impresentable que este gobierno intente sacar al general Yáñez producto de una acusación que le hace el Ministerio Público, por lo demás política. Ese criterio perfectamente se puede entender para funcionarios (civiles) de confianza del gobierno, no así para un director de Carabineros que la Constitución establece que quien lo puede sacar es el Presidente de la República, no así una simple acusación del Ministerio Público. Me parece impresentable y apoyamos al general Yáñez”, sostuvo el diputado José Miguel Castro (RN).

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada RN, acotó: “Me parece increíble que sigamos hablando del famoso criterio Tohá (...) Si bien el Presidente es quien termina ratificando (a Yáñez), en su destitución tiene que existir un argumento potente, que sea tomado razón por parte de la Contraloría y también tiene que pasar por el Senado. Yo creo que hoy día el gobierno está tratando de presionar al director general, al director Yáñez, para que él tome esta decisión de forma personal, porque el gobierno no tiene los pantalones para hacerlo”.

Desde la bancada de la UDI, en tanto, advirtieron que el denominado “criterio Tohá” vulneraría la actual Constitución Política, y emplazaron al Gobierno a mantener en su cargo al general director. 

“Cuando la segunda autoridad de nuestro país señala públicamente que el general director de Carabineros deberá dejar su cargo en caso de concretarse su formalización, de una u otra manera lo está llamando a retiro, porque lo obliga a presentar su renuncia de acuerdo al estándar del Gobierno. Por eso es que el criterio que definió la ministra Tohá no puede ser tomado a la ligera, porque si el Presidente Boric -en su legítimo derecho- decide llamar a retiro a la máxima autoridad de Carabineros, su obligación es hacerlo como corresponde, mediante un decreto fundado y no a través de un criterio meramente político y que transgrediría la Constitución”, apuntó el diputado UDI Cristián Labbé.