La elección de gobernadores regionales en 2021 significó la consolidación de la descentralización regional en términos políticos, luego de ocho años desde la publicación de la ley de elección de consejeros regionales, permitiendo a la ciudadanía elegir a su máxima autoridad por primera vez, en un paso fortalecedor de la democracia a nivel regional.

Desde ese año hemos visto un dispar desempeño del Ejecutivo Regional, con ejemplos destacados en las gestiones de Tarapacá, O’Higgins y Magallanes, por dar algunos ejemplos, y marcados cuestionamientos en otros, incluyendo procesos judiciales en curso y sanciones por parte de la Contraloría General de la República.

Con las próximas elecciones para el periodo 2025-2029 a la vuelta de la esquina, ya es posible aventurar un conjunto de lecciones y desafíos para tanto quienes buscan la reelección como para quienes buscan establecerse como nueva autoridad regional.

Los gobiernos regionales NO son municipalidades

Un comentario frecuente durante los primeros años de haber asumido los nuevos gobernadores regionales era la necesidad de contar con facultades y financiamiento comparándose constantemente con las municipalidades. Ciertamente mucho de esto fue por al menos un desconocimiento de cómo funcionan institucionalmente los gobiernos regionales.

Tanto en presupuesto como en número de funcionarios y dependencias son mucho más acotados. No cuentan con servicios públicos masivos (como patentes comerciales, permisos de circulación, aseo domiciliario, etc.) que les permita llegar a la ciudadanía directamente.

Una excepción que los enorgullece es el fondo concursable definido como un porcentaje del presupuesto destinado a la vinculación con la comunidad (actualmente un 8%). Finalmente, mucho de su quehacer depende en gran medida del trabajo conjunto con otros organismos, tanto públicos como privados, lo que les da un grado de vulnerabilidad que no tienen las municipalidades, además de la coordinación con los delegados presidenciales para atender tareas específicas, como la seguridad pública y la atención ante emergencias y desastres.

Entonces, es de esperar que este nuevo ciclo permita a los gobernadores trabajar eficientemente con las herramientas y facultades que la ley les contempla, sin perjuicio de la aspiración de mayor involucramiento en las decisiones regionales. Lo anterior, ya se encuentra parcialmente en marcha con la transferencia de competencias desde el nivel central.

Los gobiernos regionales aún dependen altamente del tesoro público

Los ingresos de las municipalidades dependen en gran medida de su capacidad de recaudación de derechos y patentes, además de la redistribución del Fondo Común Municipal, por lo que la dependencia del aporte fiscal permanente es relativamente baja. Por el contrario, los gobiernos regionales aún dependen fuertemente del fisco, a través de los variados fondos que financian su inversión regional.

Esto plantea poner los pies en la tierra y entender que la autonomía fiscal aún está lejos de ser una realidad, máxime cuando las iniciativas legislativas que establecen una nueva relación fiscal no parecieran ser una urgencia.

Los gobiernos regionales deben sincerar su relación con la ejecución presupuestaria

Los gobiernos regionales, como se dijo en el primer punto, dependen de terceros para una correcta ejecución del presupuesto dadas las variadas transferencias para la ejecución de programas, lo que expone la ejecución presupuestaria a imponderables que, en muchos casos, terminan en subejecuciones.

No conforme con esto, hasta hace pocos años, el ranking de la ejecución presupuestaria generaba ruidos a nivel regional cada vez que una región se encontraba por debajo del promedio nacional. Si bien ya no se publica la ejecución en base a un ranking, los gobiernos regionales parecen no superar la necesidad de comparación, dejándose llevar por un incentivo perverso a mostrar un 100% de ejecución.

Sin duda que esto fue un factor que llevó a muchos a evaluar las ahora cuestionadas transferencias a instituciones privadas sin fines de lucro, para mal de aquellos que, con adecuados mecanismos de control, se apoyan en ellas para el cumplimiento de las metas de desarrollo económico y social de su respectiva región.

Sin perjuicio que siempre se espera una correcta ejecución del presupuesto en todos los servicios públicos, el excesivo escrutinio con los gobiernos regionales debe replantearse para que su foco no quede exclusivamente en el gasto, sino también en la calidad de este.

Los gobiernos regionales modifican excesivamente sus presupuestos de inversión regional

En línea con el punto anterior, tanto por la necesidad de realizar transferencias como mostrar una eficiente ejecución, los gobiernos regionales constantemente realizan modificaciones a su presupuesto, lo que presiona los mecanismos de control, considerando que estos actos requieren de la toma de razón de Contraloría General de la República.

Donde un servicio público ve modificado su presupuesto 10 veces en promedio durante un año, un gobierno regional lo hace entre dos a tres veces más. Es crucial mejorar la planificación presupuestaria para evitar ineficiencias y sobrecargar a los mecanismos de control.

Los gobiernos regionales tienen variados ingresos, pero también demasiadas obligaciones de gasto

Los presupuestos de los gobiernos regionales cuentan con varias fuentes de financiamiento, pero están constantemente dirigidos en el gasto, dificultando el poder de decisión regional. El resto de los servicios públicos (con quienes nos permitimos comparar, dado que antes eran parte del gobierno central) poseen pocas fuentes, siendo la principal el aporte fiscal libre, mientras que su gasto está delimitado exclusivamente por las atribuciones y funciones como servicio público.

En cambio, los gobiernos regionales poseen variadas fuentes de ingresos, especialmente fondos; sin embargo, están en muchos de ellos definidos por ley la tipología de gasto que pueden financiar. Esto debe ser considerando y reevaluado si se aspira a una real descentralización fiscal.

En conclusión, podemos ver que no son pocos los aspectos que deben ser considerados para un próximo gobierno regional, especialmente si se toma en serio la aspiración de los candidatos de liderar correctamente el desarrollo económico, social y cultural de su respectiva región.

Las propuestas de mejora involucran tanto a los mismos gobiernos regionales como también al Ejecutivo y el Legislativo, y dicen relación con la autonomía fiscal, la focalización por resultados del gasto, la flexibilidad presupuestaria, la simplificación de trámites administrativos, la transparencia y rendición de cuentas, y la efectiva coordinación intergubernamental hacia el nivel local y sectorial.