Jueces y abogados integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema revocaron fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y han resuelto que la Armada y Carabineros de Chile pueden exhibir retratos de los golpistas Merino, Mendoza y de su sucesor Stange.

Al hacerlo reinstalan el debate sobre los deberes de la Corte Suprema, y del Poder Judicial en general, en materia de protección de las víctimas del golpe de estado del 11 de septiembre de 1973.

La pasividad e indolencia mostrada por el máximo tribunal de la república bajo la dictadura se explica por el alto compromiso que mostró la Suprema de entonces con el golpe militar y el Gobierno, y que se prolongó a lo largo de los 17 años del Gobierno de Pinochet. Dicho compromiso implicó que no se defendió la independencia del Poder Judicial y que se colaboró con la política represiva del régimen civil-militar.

Iniciada la transición el Poder Ejecutivo, representado por el presidente Patricio Aylwin, pidió perdón a las víctimas. El Poder Judicial en cambio, tan sólo el año 2013, reconoció su responsabilidad en la represión. Sin embargo, no ha pedido perdón, desoyendo las peticiones al respecto de la Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile.

La Suprema señaló en su Declaración pública de 9 de septiembre de 2013, entre otras ideas, que su conducta bajo la dictadura fue: “3.- […] una dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita, por contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática”.

Agregando: “4: Consecuente con lo anterior, esta Corte Suprema ha comprometido sus mejores esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase de delitos, e insta a todos los jueces de la República y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los Derechos Humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República”.

La conducta del Poder Judicial configura un escenario complejo en el plano formativo: las/os estudiantes de Derecho se instalan en el cuestionamiento del compromiso real del Poder Judicial chileno con una cultura democrática y de derechos humanos.

Once años después de la Declaración del año 2013, un 9 de septiembre, bajo la persistente resistencia de la Corte a pedir perdón a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares, la Tercera Sala dicta el fallo que comentamos. Se trata a mi juicio de un grave retroceso y de un atentado a la tarea encomendada por la Declaración del 9 de septiembre de 2013.