En el Congreso, la Comisión de Educación ha comenzado a debatir un proyecto de ley destinado a mejorar la fiscalización y los procedimientos en casos de acoso sexual, violencia y discriminación en instituciones de educación superior.

Esta iniciativa busca fortalecer el apoyo a las víctimas y mejorar la capacidad operativa de la Superintendencia de Educación Superior.

El proyecto responde a la creciente preocupación por la falta de acción efectiva en universidades, centros de formación técnica e institutos ante las denuncias de acoso y violencia.

Según los impulsores del proyecto, aunque muchas instituciones cuentan con protocolos para prevenir estos casos, las denuncias son escasas debido al temor y la falta de acompañamiento adecuado a las víctimas.

Una encuesta realizada por la Universidad de Chile reveló cifras preocupantes: el 26% de los estudiantes ha presenciado acoso, y el 14,7% ha sido víctima directa, pero la mayoría no denuncia los hechos.

La falta de información sobre el número de denuncias también ha sido motivo de preocupación.

El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, reconoció la importancia de crear entornos libres de acoso y discriminación, valorando el progreso que ha tenido Chile en esta materia.

No obstante, manifestó dudas sobre algunas de las medidas propuestas, argumentando que reducir los plazos para formular cargos podría sobrecargar a las instituciones y no siempre beneficiaría a las víctimas.

La comisión acordó escuchar al superintendente de Educación Superior y abrir un plazo de dos semanas para recibir audiencias antes de votar el proyecto.

Paralelamente, la Comisión avanzó en la discusión de otro proyecto relacionado con la convivencia escolar. Este busca prevenir y erradicar el acoso y la violencia en el ámbito educativo, con la adopción de protocolos más estrictos para garantizar el buen trato y el bienestar dentro de las comunidades escolares.