A dos años del gran fracaso de la Convención Constituyente, que suponía ser el medio para encauzar las demandas sociales del Estallido Social, es más que necesario abordar el tema del Caso Hermosilla (mal llamado “Caso Audios”) y comenzar a construir el nuevo mapa del malestar social que estalló en Chile en 2019.

Durante el Estallido Social, millones de chilenos salieron a las calles para exigir cambios estructurales ante un sistema que sentían les daba la espalda. Las demandas no eran sólo económicas, sino también políticas, sociales y de justicia. La gente exigía equidad, transparencia y el fin de la desigualdad estructural que permea tanto la economía como la justicia chilena.

El Estallido Social fue la expresión del agotamiento frente a un modelo que beneficia a las élites mientras deja a la mayoría sin representación ni acceso equitativo a derechos fundamentales.

En este contexto, el Caso Hermosilla actúa como una pieza clave que revela cómo la corrupción y la colusión entre el poder político y económico profundizan el descontento social.

La sensación de que los poderosos pueden operar con impunidad y que la justicia es manipulable genera una erosión de la confianza en las instituciones, uno de los principales factores que detonó el Estallido Social.

Si revisamos la relación del Estallido con el caso Hermosilla, nos podemos encontrar varios puntos en común:

1. Desigualdad estructural: El Estallido Social mostró que la desigualdad en Chile no se limita a lo económico, sino que abarca también el acceso a derechos como la salud, la educación y la justicia. El Caso Hermosilla pone en evidencia cómo las élites tienen una influencia desproporcionada en el sistema judicial, confirmando la percepción de que en Chile existe una justicia para los ricos y otra para el resto. Esta desigualdad en el acceso a la justicia alimenta el resentimiento social.

2. Crisis de confianza en las instituciones: Uno de los detonantes del Estallido fue la pérdida de confianza en las instituciones políticas y judiciales. El caso Hermosilla revela una red de influencias que refuerza la idea de que las instituciones están al servicio de una élite corrupta, lo que podría exacerbar aún más la desafección social y la falta de legitimidad de las autoridades.

3. Corrupción e impunidad: El hecho de que Hermosilla y otros actores políticos hayan podido operar durante años sin ser investigados, refuerza la idea de impunidad. El sentimiento de que los poderosos no enfrentan consecuencias por sus acciones puede resurgir con fuerza, especialmente si la ciudadanía percibe que este caso es manejado con tibieza o sin sanciones ejemplares.

¿Qué implicaciones sociopolíticas podría provocar este nuevo caso de corrupción de las élites?

Si el Caso Hermosilla sigue desenmascarando redes de corrupción que conectan el poder judicial y político, podría tener implicancias profundas en el escenario político chileno.

1. Reforzamiento de la necesidad de una nueva Constitución: Aún cuando la demanda central del estallido no era una nueva Constitución (para ser sinceros esa fue la forma en el que el sistema político quiso solucionar el malestar), casos como el de Hermosilla pueden promover la idea de este tipo de proceso, ya que refuerzan la percepción de que las reglas del juego están diseñadas para mantener los privilegios de unos pocos. La legitimidad del proceso constituyente podría cobrar una urgencia hasta el momento apagada por la misma élite a partir de la manipulación y las Fake news.

2. Incremento en la polarización política: Este tipo de escándalos tiende a polarizar el debate político. Los sectores que defienden el statu quo podrían interpretar estas investigaciones como ataques al sistema que han defendido durante décadas, mientras que aquellos que buscan un cambio radical encontrarán en el Caso Hermosilla más razones para exigir transformaciones estructurales.

3. Movilización social: La revelación de estas tramas corruptas podría volver a encender la llama de la movilización social, especialmente si la percepción es que no hay sanciones adecuadas. El hecho de que estas redes de poder continúen operando en las sombras puede volver a llevar a la ciudadanía a las calles, exigiendo que el sistema judicial sea verdaderamente independiente y no esté cooptado por intereses económicos.

Así, el Caso Hermosilla es un síntoma de una enfermedad más profunda que podríamos definir como “la crisis de legitimidad de las instituciones chilenas". Este caso, lejos de ser un hecho aislado, resuena con las demandas del Estallido Social y refuerza la necesidad de cambios profundos en el sistema político y judicial para recuperar la confianza de la ciudadanía y lograr una justicia verdaderamente equitativa para todos.

Crédito de la fotografía: Agencia Uno