En su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, el senador Iván Flores (DC) fue uno de los protagonistas de la reunión que convocó al Presidente Gabriel Boric, el equipo de Interior encabezado por la ministra Carolina Tohá y legisladores oficialistas y de oposición.

Según comenta el parlamentario en entrevista con El Desconcierto, la reunión fue a ratos tensa, con duros intercambios de opiniones, pero que marcó un punto de inflexión respecto al camino hacia el futuro en términos de combate al crimen organizado desde el Ejecutivo y el Legislativo.

En ese sentido, sobre la respuesta del aparato estatal ante la crisis de seguridad, Flores asegura que “hoy el Estado no está siendo capaz de anticiparse al crimen organizado”.

—¿Cuál es el primer balance que se hace de esta reunión en Cerro Castillo?

-Ya ha pasado bastante tiempo desde que la ciudadanía ha sentido y priorizado el problema de la inseguridad, pero no habíamos tenido el espacio para hablar con toda la franqueza y libertad que se debe entre el Legislativo y el Ejecutivo. Si bien es cierto que habría sido bueno haber tenido esta reunión apenas se identificó la falta de seguridad como un problema, fue una instancia necesaria. Lo que ocurrió el martes en Cerro Castillo fue que se abrió un espacio de sinceramiento sobre lo que pensamos, sabemos y cómo estimamos debe administrarse la crisis de inseguridad. Y en mi caso, este espacio superó las expectativas.

—¿Qué preocupaciones le pudo transmitir al Presidente?

-El presidente Boric abrió con una exposición sobre migración, que nos sorprendió un poco. Cuando iniciamos el uso de la palabra, luego de las exposiciones, decidí cambiar el eje de la conversación y no opinar sobre la exposición, sino que más bien sobre los temas que nosotros creemos que son de coyuntura. Mi primera preocupación que le hice saber al presidente fue que una cosa son los anuncios, y otra las respuestas que el Ministerio de Hacienda hace respecto a estos mismos anuncios. Y ahí ya tenemos ciertas diferencias. Porque entre lo que se anuncia y lo que se resuelve, hay mucha más distancia respecto a lo que se ejecuta y se gasta. 

Creo que tenemos un problema de oportunidad y de velocidad, y a veces de contundencia. Y en ese escenario le hice saber al presidente mi preocupación. Por lo bajo del gasto público en los gobiernos regionales. El año pasado ya fue preocupante que en vez de tener en el séptimo mes el 70% del presupuesto gastado, tuvimos 56%. Y ahora en el séptimo mes no tenemos el 32% de ejecución de gasto en el último informe que es julio. Eso es muy preocupante, porque eso se traduce en recorte presupuestario para el siguiente año si es que no se ejecutan las platas. Y con el problema de seguridad que hoy vemos, es más urgente que nunca ser eficientes y rápidos con los recursos que tenemos a disposición. 

—¿Hay un problema de ejecución de las platas en términos de seguridad?

-La ejecución de gasto de los presupuestos regionales es —yo diría— el peor año a la fecha desde el retorno a la democracia en términos de gobierno regional. Y esto se debe a una serie de restricciones a raíz del Caso Convenios. Pero eso afecta la seguridad. Porque obviamente los gobiernos regionales se ven más limitados en materia de financiamiento de equipamientos, de vehículos, de tecnología, a las policías. 

—Uno de los puntos que se ha mencionado como fundamental para el combate al crimen es mejorar la capacidad del Estado en materia de inteligencia ¿se abordó esto en la reunión?

-Por mi parte le mencioné al Presidente que una de las cuestiones centrales para combatir el crimen organizado es precisamente mejorar nuestra inteligencia. Yo diría que Chile tiene uno de los sistemas más escuálidos en términos de inteligencia general en el contexto OCDE. Si uno revisa los países de la OCDE y de la Unión Europea, vemos que los aparatos de inteligencia están compuestos por miles de funcionarios que están actuando en distintos niveles. Nosotros tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia mínima; 150 funcionarios para todo el país. En ese sentido, le pedimos al presidente que revise el presupuesto de los últimos años, y se va a dar cuenta que la Agencia Nacional casi no ha crecido, ni en personal, porque siguen siendo los mismos 158 funcionarios, ni en presupuesto, y este año no es la excepción.

—¿Cómo diría que fue la recepción del Presidente? ¿Fue fructífero el encuentro?

-Todo esto que cito como ejemplo, el Presidente lo escuchó con mucha atención. Y tengo la sensación, porque en esto no puedo ser más que suponer, de que había alguna información que le entregué al Presidente que él no conocía. Claramente el Presidente no puede saberlo todo, pero aquí le están contando, parece, sólo una parte de la verdad.

—¿Su equipo?

-Claramente su equipo. Y eso tiene que ver con la velocidad, la necesidad de desburocratizar o la lentitud del trámite de los trámites legislativos. Eso pasma cualquier intención que pueda haber de tener una respuesta mucho más rápida y contundente. El crimen organizado tiene la plata, tiene la tecnología, tiene la organización, tiene su propio sistema de inteligencia a través de distintas organizaciones y actúa en el momento que lo necesita. Hoy, por el contrario, el Estado no está siendo capaz de anticiparse al crimen organizado.

—El Presidente ha reconocido que cuando asumió el tema de la seguridad no era prioridad para su gobierno, ¿existió algún tipo de autocrítica por parte del Ejecutivo?

-Yo sigo creyendo que al gobierno le falta autocrítica amplia y verdadera. Hay algunas señales en ese sentido, pero no muy contundentes. En el caso del Presidente de la República, tal vez sea el menos político del gobierno, porque él tiene esa contradicción de decir lo que piensa. Pero no hacer ese mea culpa y reconocer que ha habido tardanza, de que hay lentitud en la respuesta, creo que pasa por la información que le entregan. El presidente está convencido de que lo están haciendo muy bien, que están colocando mucha plata. Y claro, en eso él tiene razón; se ha anunciado destinación de recursos y otras medidas. Pero una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es lo que se ejecuta: la velocidad en que los anuncios se van convirtiendo en tecnología, equipamiento o personal. Y en eso estamos en deuda.

—Usted se había mostrado molesto por los emplazamientos del Ejecutivo al legislativo por la lentitud con que avanza el fast track de seguridad. Como presidente de la Comisión de Seguridad, ¿qué le puso hacer saber al Presidente?

-Efectivamente hace un par de semanas atrás vimos que se intentó achacarle la lentitud al Congreso. ‘Llamamos al Congreso a que apure el tranco, llamamos al Congreso a apurar los proyectos’, era lo que escuchábamos. Pero yo le dije al equipo de Interior que si se hubiese hecho presente en la sesión de Arica —donde escuchamos a 36 organizaciones, desde el gobernador, pasando por las gremiales, hasta el jefe del comando conjunto— el proyecto de narco-funerales o de funerales de alto riesgo estaría ya aprobado. Porque no llegó ningún secretario ni ningún asesor y por lo tanto no pudimos seguir avanzando. Y en ese sentido, es importante decir que como Comisión de Seguridad tenemos un solo proyecto pendiente del Fast Track. Y lo conversamos con el Presidente para que dé instrucciones de inmediato para que se nos devuelvan algunos proyectos y que los podamos trabajar en la Comisión de Seguridad o apuren la resolución.

—Se ha dicho que más que leyes, se necesita gestión del Ejecutivo, ¿cuál es su visión sobre la gestión del gobierno?

-No hay ninguna duda de que la respuesta legislativa es necesaria. Estamos en presencia de delitos nuevos y el Chile de hoy es muy distinto al de hace diez años. Pero el gobierno no solamente debe mirar la inmediatez, cómo resolvemos los problemas de los crímenes sucesivos en La Pintana. Esa es la inmediatez y hay que hacerlo; la alcaldesa Pizarro tiene razón en eso. Sin embargo, la responsabilidad de un gobierno es administrar el Estado pensando en el Chile de mañana. Y eso requiere una modificación estructural que comienza con normas. Pero mientras tanto tengamos, por ejemplo, un proyecto que establezca un sistema de inteligencia que hoy día no tenemos, hay que ponerle plata a lo que tenemos. Mañana en la Ley de Presupuestos deberían incorporar 100.000 millones, o 200.000 millones a la ANI. Y eso hoy día no está ocurriendo. 

—¿Y cómo ve el rol del Poder Judicial en términos del combate al crimen organizado? Hoy pareciera que la Suprema está más preocupada del caso Hermosilla que de otra cosa.

-Creo que el poder judicial va a tener que también entender que es necesario un cambio importante que surge a partir de la opacidad en los nombramientos. Porque si es por cuoteo político, de alguna manera va a haber siempre obediencia a aquel sector político que nombró a tal o cual por parte de los ministros de Corte de Apelaciones, de la Suprema, notario, conservador, suma y sigue. La asociación de magistrados hace rato que viene pidiendo meritocracia. Y en lo personal, hace rato que vengo diciendo que en el poder judicial y en todos los poderes del Estado no debería ocurrir cuoteo político. 

—Volviendo a la cita de Cerro Castillo ¿cree que la instancia marcará una nueva forma de enfrentar el crimen, por lo menos desde la relación del Ejecutivo con el Congreso?

-Mira, voy a contar una infidencia. Cuando la reunión terminó, todos aplaudimos. Eso, luego de emplazamientos, intercambios de opiniones bastante duros por parte de todos los sectores. El Presidente los aguantó y los respondió. Y en ese ánimo de construir fue que se ganó el aplauso. Todos nos ganamos aplausos. Porque sentimos que eso que estábamos haciendo allá es el camino; de decir las cosas que pensábamos, de que nos escuchen y nosotros escuchar también lo que el gobierno quería decir. Y ese es el escenario que necesitamos para empezar a construir. Y ese fue el compromiso hacia el futuro.