La crisis del Poder Judicial tiene un capítulo menos estridente en una investigación del Ministerio Público por delito informático que, por jurisdicción, debería estar radicada en la Fiscalía Centro Norte. De hecho, una querella expone pruebas de que el sistema para asignar causas en los tribunales, fue manipulado.

La acción legal, patrocinada por la abogada Jessica Torres y el ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, detalla cómo dos procesos judiciales diferentes, pero de la misma materia y con los mismos abogados, quedaron alojados en el 2° Juzgado Civil de Santiago.

Según el sistema informático vigente desde 1997, y modificado en 2016, la probabilidad que algo así ocurra es de 1,75 entre 1000. Si se hubieran utilizado los criterios que determinan la selección aleatoria, las causas debieron ser tramitadas en el  6° Juzgado Civil y 15° Juzgado Civil respectivamente.

En la superficie de este asunto está la quiebra de inmobiliaria Curauma, una urbanización proyectada por el empresario Manuel Cruzat y sus terrenos avaluados en US$500 millones. Cruzat afirma que la manipulación del sistema, favoreció a uno de los acreedores en la quiebra.

“Un esquema civilmente fraudulento fraguado por EuroAmerica Seguros de Vida S.A. para despojar al Grupo CB de los inmuebles más valiosos que detentaba, todo ello en el marco de la quiebra de CURAUMA S.A”, dice la querella.

Además de Curauma, la otra causa que quedó en el 2° Juzgado es el proceso de insolvencia de la aerolínea Latam, que culminó su reestructuración en 2022.

El hombre del algoritmo      

En teoría, y es lo que debe determinar la investigación del Ministerio Público, técnicamente los tribunales se pueden elegir. Basta apagar el algoritmo. Es lo que intenta probar la querella presentada en 2022 y que aún no ha tenido avances. Los problemas de fe pública que enfrenta el Poder Judicial se verían agravados, ante una prueba en este sentido, escenario que ayuda a congelar la indagatoria.

Las sospechas apuntan hacia la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), entidad encargada del Sistema Informático de Distribución de Causas. Esta, ha aportado su grano de arena a los cuestionamientos recibidos por el Poder Judicial en los últimos meses.

Su director, Ricardo Guzmán Sanza, se encuentra actualmente sumariado por el episodio en que se anuló la compra de 23 autos Lexus, que iban a ser usados por los ministros y el fiscal de la Corte Suprema.

La compra fue abortada después de las críticas recibidas y Guzmán renunció. Aunque su renuncia no fue aceptada, el funcionario clave en la administración de casi $162 mil millones, fue reemplazado y del sumario, para aclarar la polémica adquisición, no se conocen los resultados.

La querella que deja al descubierto las dudas sobre un aspecto fundamental en la administración de justicia, coincide con las sospechas sobre la idoneidad de Ricardo Guzmán, quien hace 10 años ocupa el cargo desde donde se distribuyen los tribunales a las respectivas causas. Ingeniero Comercial de la Universidad Arturo Prat, magíster en Administración de Empresas de la Universidad Católica, tiene un doctorado en dirección de la Universidad Libre de Ciencias y Tecnología de Bélgica que resultó ser falso, motivo por el que la Universidad de Chile le quitó el reconocimiento.

Caer en el tribunal equivocado

La CAPJ contestó las dudas del querellante sobre el criterio que se usa para asignar una causa a su respectivo tribunal.  En las respuestas, entregadas entre abril y mayo de 2023, queda de manifiesto que en cuanto a los dos procesos judiciales sobre los cuales existen sospechas, la distribución de los tribunales no fue hecha con el mecanismo aleatorio que corresponde.

En un primer oficio, la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) detalla los criterios sobre los cuales se asigna un proceso a determinado tribunal. El primero, es filtrar todos los tribunales que puedan ver, en este caso, un proceso por Ley de Quiebras. Luego, entre esos tribunales se elige al que tenga la mayor cantidad de causas totales

“La Materia será distribuida al tribunal que posea la menor cantidad de ingresos de la misma entre los tribunales candidatos, en caso de existir más de un tribunal con la misma cantidad mínima, la Materia será distribuida al tribunal que posea la menor cantidad de ingresos totales”, dice el oficio del 11 de  abril de 2022.

Usando estos criterios es que fue posible determinar, mediante un peritaje, que ambos procesos debieron alojarse en el 6° Juzgado Civil que tenía 14.027 causas  y el 15° Juzgado Civil, con 8.618 causas respectivamente.

Los resultados de este peritaje fueron expuestos a la CAPJ. La entidad volvió a contestar en un oficio, fechado en mayo de 2022. La Corporación cambia los criterios y reconoce que en el caso de Curauma, no correspondía el tribunal asignado.

“Respecto de cuál fue el tribunal que poseía la menor cantidad de ingresos, es importante hacer presente que esta circunstancia no corresponde a un criterio que se considere al momento de distribuir una causa, sino que es un acumulado de todas las causas distribuidas por tribunal. En este sentido, el tribunal con menos causas asignadas era el 6° Juzgado Civil de Santiago, con 14.027 causas”, dice el oficio fechado el 23 de mayo.

En las respuestas, no se explica cómo se construye el algoritmo y su funcionamiento. No se sabe en qué lenguaje está la base de datos y ningún otro elemento que permita verificar su aplicación. En pocas palabras, se sabe que existe, pero no es de conocimiento público la manera en que técnicamente funciona.

A pesar de las pruebas irrefutables de que el sistema de asignación de causas fue manipulado y la posibilidad cierta de que sea un negocio, el denominado fórum shopping, hasta ahora no hay avances en la investigación de la Fiscalía.

Crédito foto referencial: Agencia Uno