Un hombre que era cerrajero, fue detenido por agentes del Estado el 24 de agosto de 1974 y desde entonces su familia no ha vuelto a saber de él.

Su desaparición dejó a su esposa e hijos en un estado de incertidumbre y dolor que ha durado décadas. A lo largo de todos estos años, la familia ha buscado justicia y reparación por el sufrimiento causado.

Recientemente, la Corte Suprema tomó una decisión importante en este caso, ordenando al Estado que pague una indemnización de $200.000.000 a la familia de este hombre.

Este dinero se dividirá en $100.000.000 para su esposa y $50.000.000 para cada uno de sus hijos.

La Corte reconoció que, aunque es imposible medir el dolor que ha soportado la familia, esta compensación busca al menos aliviar parte del sufrimiento causado por la desaparición de su ser querido.

Además, el fallo reafirma la responsabilidad del Estado de reparar los daños provocados por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese oscuro periodo de la historia de Chile.