El 8 de junio de 2022, la vida de una trabajadora en una planta procesadora en Quillota, terminó de manera trágica mientras realizaba labores de limpieza en una máquina seleccionadora de tomates.

Sin supervisión alguna, la trabajadora estaba limpiando una cinta transportadora cuando su delantal, que estaba abrochado por los lados, se enredó en el eje de la máquina en funcionamiento.

Este accidente provocó que la mujer fuera atrapada por la máquina, y aunque sus compañeros la encontraron poco después, ya estaba inconsciente.

A pesar de los esfuerzos del personal de bomberos, carabineros y del SAMU para rescatarla y trasladarla al Hospital de San Martín de Quillota, la trabajadora falleció debido a las graves lesiones sufridas.

La investigación posterior reveló una serie de graves fallas en las medidas de seguridad de la planta. El Seremi de Salud y la Inspección del Trabajo constataron que la empresa no contaba con procedimientos detallados para manejar los riesgos de las máquinas en movimiento y que las capacitaciones en seguridad eran inadecuadas.

Además, la ropa de trabajo que se le había proporcionado a la trabajadora no cumplía con los requisitos para prevenir accidentes de atrapamiento.

También se descubrió que el área de trabajo tenía pasillos demasiado estrechos y que la máquina carecía de protecciones adecuadas y paradas de emergencia, factores que contribuyeron al fatal desenlace.

Debido a estas negligencias, el esposo y los hijos de la mujer demandaron a la empresa Agrícola La Constancia Limitada por el daño moral sufrido.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso falló a favor de la familia, ordenando a la empresa a pagar $325.000.000 como compensación.

La empresa intentó revertir esta decisión, argumentando que los tribunales laborales no deberían haber sido los encargados de juzgar este caso.

Sin embargo, la Corte Suprema revisó el recurso y finalmente decidió mantener el fallo original, rechazando la apelación de la empresa.

La Corte Suprema determinó que, dado que el accidente ocurrió en el contexto laboral y que las fallas de seguridad fueron un factor clave en la muerte de la trabajadora, era justo que los tribunales laborales se encargaran del caso y que la empresa asumiera la responsabilidad por no haber tomado las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores.