La reciente crisis eléctrica que dejó a miles de personas sin acceso a servicios básicos durante casi dos semanas es un recordatorio doloroso de las deficiencias en la gestión de las empresas concesionarias. ENEL, responsable de garantizar el suministro eléctrico, ha demostrado una incapacidad alarmante para cumplir con su deber, dejando a familias sin calefacción y acceso a alimentos, exponiéndolas a una precariedad intolerable.

Este episodio subraya la dimensión humana de una crisis que no es solo técnica, sino profundamente social. La falta de electricidad no es un mero inconveniente; es una amenaza directa al bienestar y la dignidad de las personas. Ante esto, la postura del presidente Gabriel Boric ha sido clara y decidida.

Al exigir responsabilidades a ENEL, el presidente ha mostrado un compromiso con la protección de los ciudadanos y ha dejado en claro que no tolerará la incompetencia de las empresas que deberían velar por el bien común.

La situación actual plantea una pregunta crucial: ¿cómo deben regularse los monopolios naturales en sectores estratégicos como el eléctrico?

Existen dos enfoques principales para esto: la regulación basada en costos, que garantiza a las empresas una tasa de retorno preestablecida pero puede desincentivar la eficiencia, y la regulación basada en incentivos, que busca que las empresas operen de manera más eficiente a través de modelos como el Price Cap, Revenue Cap, y la Competencia por Comparación.

En este sentido, las declaraciones del ministro de Energía, Diego Pardow, son reveladoras. Pardow ha sugerido la necesidad de avanzar hacia un modelo de participación público-privada que no solo asegure la eficiencia, sino que también garantice que los incentivos para las empresas concesionarias estén directamente vinculados al cumplimiento de altos estándares de calidad en la prestación de servicios.

Este enfoque busca evitar que las empresas se conformen con cumplir lo mínimo, asegurando que su rentabilidad dependa de la satisfacción de los usuarios y la continuidad del servicio.

La discusión de fondo, sin embargo, es más amplia. No se trata solo de ajustar modelos regulatorios, sino de definir el tipo de orden público económico que queremos para Chile. ¿Qué grado de intervención estatal es necesario en sectores estratégicos? ¿Cómo garantizamos que las empresas concesionarias operen con un enfoque que priorice el bienestar de la ciudadanía? La respuesta a estas preguntas es clave para evitar que crisis como la actual se repitan en el futuro.

El debate abierto por Diego Pardow sobre la posibilidad de tener parte de la distribución eléctrica bajo una empresa estatal es un primer paso hacia una discusión más profunda sobre la intensidad y la forma en que debemos regular los mercados estratégicos. Este no es solo un debate técnico, sino una cuestión fundamental sobre nuestro futuro económico y social que afecta directamente el bienestar y la dignidad de cada persona en nuestro país.

Crédito de la fotografía: Agencia Uno