A 12 días de un temporal de viento extremo e inusual para varias zonas del país, 18 mil clientes siguen sin luz. Este tipo de eventos climáticos prometen ser cada vez más frecuentes por la crisis climática, y el Gobierno presentó en los últimos días una Estrategia Nacional para que el sector energético esté mejor preparado ante dicho escenario.

La estrategia contempla 17 medidas con distintos plazos de implementación hasta 2050, y está en consulta pública hasta el viernes 30 de agosto, para que las personas puedan ingresar observaciones.

Entre las medidas, se propone establecer planes de emergencia para reforzar las brigadas de profesionales que puedan reponer el suministro energético. También se llama a elaborar protocolos de actuación para cada región y comuna cuando haya emergencias climáticas que afecten el suministro energético, involucrando la academia, el sector público y las empresas.

Otra medida propone crear un set de instrumentos financieros para poder costear obras que mejoren la resiliencia del sector energético. Esto cobra relevancia considerando que ciertas obras, como el soterramiento del cableado, dejarían menos vulnerable al sector pero son muy costosas y ese costo se traspasa al usuario.

Además, la estrategia propone que antes de 2027 se presente el proyecto de reforma integral al segmento de distribución eléctrica, para aumentar la calidad y resiliencia de este segmento, que es justamente el que entró en crisis tras el temporal, ya que se encarga de distribuir la energía generada a los consumidores a través del cableado.

Esta medida viene a responder a un pedido que ha sido reiterado desde la industria, incluyendo al Gerente General de Enel Distribución, Víctor Tavera. Se critica que la regulación actual del sector tiene 40 años y está desactualizada con respecto a los desafíos que enfrenta el segmento.

Resiliencia como obligación

La estrategia llama a incorporar criterios de seguridad y gestión de riesgo del sistema energético como obligación en toda la regulación que aplica para el sector, así como en la evaluación ambiental de proyectos energéticos y en las políticas energéticas locales.

También propone mapear la infraestructura crítica en materia energética e identificar aquella que esté más expuesta a riesgos (como la que se encuentra en zonas costeras o inundables), para establecer prioridades de acción.

Además se llama a impulsar proyectos de generación de energía a escala local, donde no se dependa solamente del sistema centralizado, entregando más resiliencia e independencia a las distintas localidades del país.

Una medida propone desarrollar programas de inclusión para que las personas más vulnerables a sufrir problemas de energía por eventos climáticos puedan participar en la toma de decisiones.

Por último, se crearán programas de capacitación para fomentar que personas trabajen en el sector energético, considerando la contratación de mujeres y diversidades sexo-genéricas en el sector.

Foto: Agencia UNO.