Falta de fiscalización al rubro salmonero es lo que detectó la Contraloría General de la República, tras una investigación donde determinaron que 170 centros salmoneros tenían causales para que caducaran sus concesiones, pero las instituciones a cargo de controlar eso no lo hicieron, dejándolas vigentes a pesar de haber incumplido la ley.

Esta proceso de la CGR surge a raíz de una serie de investigaciones de la Fundación Terram, publicadas en El Desconcierto entre 2022 y 2023, donde se detectaban cientos de centros salmoneros que deberían haber caducado y seguían vigentes o estaban incluso operando.

Falta de fiscalización

La CGR determinó que Sernapesca no aplicó las causales de caducidad para 170 centros salmoneros y tampoco informó la situación a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas (SSFFAA), que es la entidad encargada de declarar la caducidad. “Lo anterior revela una falta de coordinación entre ambas entidades”, se explica en el informe.

Por su parte, critica que este organismo no respondió la denuncia de la Fundación Terram sobre las concesiones con causal de caducidad que no habían caducado.

En el caso de la SSFFAA, se detectó que el organismo mantiene 79 procedimientos de caducidad pendientes desde 2016. También encontró otros 36 procedimientos que, aunque terminaron, excedieron el plazo máximo de seis meses establecido por ley. Esto permitió que los centros reiniciaran sus operaciones durante el período de inacción de la autoridad, eludiendo la caducidad.

Respuesta de Terram

Desde la organización que detectó estos incumplimientos en primer lugar, declararon que “el informe de la CGR permite reafirmar que la industria de la salmonicultura en Chile ha crecido gracias a la omisión de diversos organismos públicos que no han hecho cumplir la ley vigente”.

Además celebraron el informe, sosteniendo que “da una luz de esperanza, pero aún está por verse cómo sus observaciones y recomendaciones se materializan en estas instituciones públicas”.

¿Por qué es importante?

Las concesiones salmoneras entran en causal de caducidad al inclumplir los requisitos de la Ley de Pesca y Acuicultura: no iniciar operaciones luego de un año de otorgada la concesión, o paralizar la operación por dos años sin justificación.

Una de las preocupaciones de esta situación es que varios de los centros que habían incurrido en causales de caducidad, pudieron volver a operar a raíz de la falta de fiscalización, y algunos de ellos están dentro de áreas protegidas como parques o reservas nacionales.

Cuando los centros de cultivo dejan de operar sin más, queda ahí un pasivo ambiental del que nadie se hace cargo y que sigue dañando el ecosistema. Si la concesión no es caducada, el centro puede volver a operar sin que se evalúe cómo quedó el ecosistema y qué impactos tendrá la nueva operación. Así lo explica el abogado ambiental de la ONG FIMA, Marcos Emilfork, al medio Mongabay Latam.

Otras de las concesiones han estado por años sin usar, pero siguen estando bajo control de las empresas titulares. Esto se combina con denuncias que se han hecho desde distintas organizaciones sobre el fin especulativo con el que se utilizan estas concesiones sin uso, en un espacio que es un bien de uso público entregado en concesión, como lo es el mar de Chile.