En el proceso de negociación de candidaturas los partidos políticos definieron diferentes criterios para apoyar a quienes irán a las elecciones comunales y regionales. Uno de los más importantes, era no ser deudor de pensiones de alimentos debido a la inhabilidad que contempla la ley 14.908. 

La legislación establece inhabilidad “a deudores morosos de alimentos para asumir o ejercer determinados cargos públicos y de elección popular, así como para ser candidato a estos últimos”, es decir, a quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. 

La situación se convirtió en un problema para los partidos, especialmente para los de derecha, luego de que el Servicio Electoral (Servel) publicara el pasado fin de semana la resolución de aceptación y rechazo de candidaturas Elecciones 2024.

De acuerdo al registro del Servel —y el concentrado que publicó en X la usuaria Catalina Muñoz— 196 candidaturas a alcaldes, consejeros regionales y concejales fueron rechazadas por esta inhabilidad.

Según el concentrado, 109 de los inhabilitados pertenecen a algún pacto de la oposición (Chile Vamos, Partido Republicano, Demócratas o Amarillos, y el Partido Social Crisitiano). De ellos, la mayor cantidad de candidaturas inhabilitadas se reparten entre la RN (27), republicanos (27), la UDI (17) y el PSC (14).

Por el lado del oficialismo, el Partido Radical inscribió a 22 candidatos inhabilitados por deuda de pensión, y la Federación Regionalista Verde Social (15).

Control de daños

Tras la publicación del rechazo a candidaturas, las alarmas se encendieron de inmediato en los pactos electorales más afectados. El tema, incluso, fue abordado por el presidente de la UDI, Guillermo Ramirez, quien se comprometió a no apoyar a ningún candidato que figure en el registro de deudores de alimentos. 

“Nosotros no vamos a llevar a ningún candidato que deba un peso en materia de pensiones de alimentos. Supe de un caso de otro partido político que tenía un remanente muy menor porque calculó mal la UTM a la hora de pagar, eso puede sonar razonable. Pero en el caso de la UDI, no vamos a tener ninguna consideración”, sostuvo Ramírez.

Y reafirmó: “Las personas que deban un peso de pensión de alimentos no van a ser candidatos de la UDI. Aunque el tribunal considere que en algunos casos hay justificación, nosotros creemos que en esta materia hay que dar una señal muy clara, no están los tiempos para tener candidatos que no cumplen su primer compromiso que es con los hijos”.

Según pudo averiguar El Desconcierto, los partidos —no solo los de oposición— comenzaron a hacer las averiguaciones internas con los equipos jurídicos desde el mismo sábado cuando se publicó la nómina de candidaturas rechazadas. 

Fuentes de distintos sectores señalan a este medio que el problema tiene dos dimensiones. Por una parte que la “marca” de los pactos sean asociadas a deudores de pensiones. Y por otra, que al ya haberse cerrado el periodo no se pueden reemplazar las candidaturas; es decir, aquellas candidaturas que fueron rechazadas por el Servel se pierden. 

La única posibilidad es que los inhabilitados salgan del registro pagando la totalidad de la deuda, lo que es complejo —advierten desde los partidos— debido a que el plazo para la apelación expira este jueves y el periodo en que el tribunal correspondiente emite la orden puede demorar entre tres y cuatro días hábiles. 

Por otra parte, el rechazo de candidaturas por este concepto generó recriminaciones internas. Si bien los partidos no pueden acceder a los datos del Registro Nacional de Deudores —sólo pueden acceder deudores y beneficiarios— se alega al interior de los partidos que se pudo exigir algún documento que comprobara no adeudar pensión.